Las universidades públicas argentinas realizaron el 26 de junio una masiva jornada de protesta en reclamo de una ley de financiamiento que garantice fondos estables y actualizados para el sistema universitario y científico. La movilización, denominada "marcha de antorchas", tuvo su epicentro en Plaza Houssay, en la Ciudad de Buenos Aires, y se replicó en numerosas ciudades del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata y Mar del Plata. La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes, quienes también llevaron adelante un paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias.

El reclamo central es la urgente aprobación en el Congreso de un proyecto de ley que establezca un piso presupuestario y actualizaciones automáticas para el funcionamiento de las universidades. Según los rectores y gremios, la situación es crítica: el presupuesto universitario cayó a su nivel más bajo desde 2006, la inversión por estudiante es 53% menor que hace una década y más de 200 docentes renunciaron en la Universidad Nacional de Rosario en el último año por salarios bajo la línea de pobreza. "El 80% de los docentes está por debajo de la línea de pobreza", advirtió Franco Bartolacci, rector de la UNR.

Durante la jornada, se realizaron abrazos simbólicos, clases públicas y recolección de firmas para respaldar el proyecto de ley. El Hospital de Clínicas de la UBA fue uno de los escenarios de protesta, donde se denunció la falta de actualización de fondos y la reducción de cirugías programadas. "Hace 12 meses que no hay actualización de los gastos de funcionamiento", señaló el subdirector del hospital, Juan Carlos Rodríguez.

El gobierno nacional, por su parte, ha vetado proyectos similares en el pasado y mantiene una política de ajuste fiscal bajo el argumento del déficit cero. Desde la asunción de Javier Milei, el sector universitario perdió entre 30% y 40% de poder adquisitivo salarial y el presupuesto bajó del 0,72% del PBI en 2023 a 0,43% en 2025. El oficialismo relativiza la masividad de las marchas y cuestiona su politización, mientras que estudiantes y docentes denuncian el deterioro de las condiciones de estudio y trabajo. El futuro del sistema universitario depende ahora del debate legislativo y de la respuesta del Ejecutivo ante un eventual avance de la ley.