La clausura de la feria La Salada, ubicada en Lomas de Zamora, ha generado una profunda crisis social y económica en la región. El cierre, que se produjo el 22 de mayo tras la detención de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, y otros líderes de la organización, dejó a cerca de 50 mil personas sin trabajo directo o indirecto. La medida fue resultado de una investigación judicial por lavado de dinero y evasión impositiva, que incluyó 80 allanamientos, 18 detenciones y el secuestro de bienes y dinero en efectivo.

La reacción de los trabajadores no se hizo esperar. Desde el inicio de la semana, cientos de feriantes realizaron cortes en Puente La Noria y marchas frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora, exigiendo la reapertura del predio y la devolución de su mercadería. “No sabemos qué hacer, todo el movimiento comercial de la zona depende de la feria”, expresó una comerciante local. Las protestas se mantuvieron pacíficas, aunque la tensión fue en aumento ante la falta de respuestas concretas.

En respuesta, autoridades municipales, provinciales y nacionales, junto a la fiscal Cecilia Incardona, mantuvieron reuniones con representantes de los trabajadores. El acuerdo alcanzado prevé la reapertura de la feria la próxima semana, a más tardar el 15 de junio, bajo estrictas condiciones de regularización y control estatal. Se implementarán auditorías y censos de puestos, y se exigirá a los feriantes cumplir con las normativas vigentes.

La Salada, fundada en 1992, es considerada un motor económico para la región, abasteciendo a comercios de todo el país e incluso del exterior. Sin embargo, la feria ha estado bajo la mira de la justicia y organismos internacionales por presuntas violaciones a la propiedad intelectual y actividades ilícitas. El reciente cierre se da en un contexto de mayor fiscalización y presión internacional, especialmente de Estados Unidos.

Mientras tanto, la comunidad local teme un colapso económico si la feria no reabre pronto. Las autoridades aseguran que la reapertura será ordenada y bajo nuevas reglas, buscando equilibrar la necesidad de trabajo con el cumplimiento de la ley. El futuro de La Salada, y de miles de familias, depende ahora de la implementación efectiva de estas medidas y del compromiso de todas las partes involucradas.