El Gobierno argentino ha enviado al Congreso un proyecto de ley destinado a cancelar los reclamos de fondos holdouts que mantenían litigios contra el país desde el default de 2001. La iniciativa, que contempla el pago de USD 171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, busca cerrar uno de los últimos capítulos judiciales abiertos tras la histórica cesación de pagos que marcó la economía argentina durante más de dos décadas.

Según fuentes oficiales, el acuerdo alcanzado implica una quita del 30 al 35% sobre los montos originalmente reclamados por los acreedores. El proyecto, resultado de un trabajo conjunto entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica, debe ser aprobado por el Congreso antes del 30 de abril de 2026. De no prosperar la aprobación legislativa, Argentina se vería obligada a retomar los litigios bajo condiciones financieras considerablemente más desfavorables.

El acuerdo fue informado a la Justicia de Estados Unidos, donde la jueza Loretta Preska suspendió los procedimientos judiciales en curso mientras se define la aprobación parlamentaria. El texto oficial destaca que la aprobación de los acuerdos pondrá fin a los procesos de discovery, mediante los cuales los acreedores buscaban identificar activos argentinos susceptibles de embargo, incluyendo participaciones en empresas estatales y cuentas bancarias en el exterior.

El impacto fiscal de la operación es considerado bajo en relación al stock total de deuda del país, pero el Gobierno subraya el peso reputacional de cerrar definitivamente este frente judicial. Analistas y funcionarios coinciden en que la resolución de estos litigios mejoraría la previsibilidad económica y la posición de Argentina ante acreedores e inversores internacionales.

El default de 2001, declarado en medio de una profunda crisis política y económica, fue el mayor de la historia y afectó más de USD 144.000 millones. A lo largo de los años, sucesivos gobiernos lograron reestructurar la mayor parte de la deuda, pero un pequeño grupo de holdouts mantuvo sus demandas vigentes. La experiencia argentina en estos litigios contribuyó a la adopción de cláusulas de acción colectiva en reestructuraciones internacionales, facilitando acuerdos futuros.

El Gobierno apela ahora a la "razonabilidad de los legisladores" para aprobar el acuerdo y cerrar un capítulo que ha condicionado la economía argentina durante casi un cuarto de siglo. La decisión del Congreso será clave para determinar si el país logra dejar atrás definitivamente las consecuencias del default y avanzar hacia una mayor estabilidad financiera.