El conflicto laboral en la empresa de energía Secco, ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires, alcanzó un punto crítico el pasado miércoles 6 de agosto, cuando un operativo de la Policía Federal, ordenado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, intervino para desalojar a trabajadores despedidos que ocupaban la planta en reclamo de su reincorporación. La acción policial, motivada por una denuncia penal presentada por el empresario Jorge Balán y abogados vinculados a la defensa de represores de la dictadura, resultó en la detención de tres trabajadores y denuncias de violencia y maltrato dentro del predio.

Las imágenes del operativo, que incluyeron el caso de Antonio Samaniego arriesgando su vida en el Silo 2, se viralizaron rápidamente y generaron una ola de repudios por parte de referentes sindicales, políticos y organismos de derechos humanos. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intervino de manera urgente, dictando la conciliación obligatoria y ordenando la reincorporación de los trabajadores despedidos, retrotrayendo la situación al 25 de abril y suspendiendo medidas de fuerza por dos semanas.

El conflicto en Secco se remonta a mayo de 2024, cuando comenzaron los despidos de trabajadores eléctricos, muchos de ellos delegados sindicales y activistas, en lo que los sindicatos califican como una maniobra discriminatoria y antisindical. La empresa, según denuncias, buscaba reemplazar a los cesantes por personal precarizado, en un contexto de creciente tensión laboral y ofensiva gubernamental contra los derechos de los trabajadores.

La denuncia penal que habilitó el operativo fue presentada por Ricardo Alberto Saint Jean y Edgar Emilio Schiavone, abogados reconocidos por su defensa de represores de la dictadura cívico militar. Esta situación fue señalada por la abogada y ex diputada Myriam Bregman, quien denunció la coordinación entre la empresa, el Ministerio de Seguridad y estos abogados, calificando el accionar como ilegal y represivo.

La respuesta de los trabajadores y sus organizaciones fue inmediata, con manifestaciones de solidaridad de la Federación de Trabajadores de la Energía (FETERA), la CTA Autónoma y organismos de derechos humanos. Julio Acosta, secretario general de FETERA, destacó que la conciliación obligatoria representa un triunfo de la lucha colectiva y un freno a la ofensiva gubernamental contra los derechos laborales.

El empresario Jorge Balán, dueño de Secco, enfrenta además un juicio oral por cohecho en la causa Cuadernos, lo que añade un componente judicial al conflicto. El desenlace del caso podría tener implicaciones para futuras disputas laborales y la relación entre el Estado, las empresas y los trabajadores en Argentina.