El próximo 22 de mayo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un paro nacional con movilizaciones en todo el país. La medida, anunciada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, busca expresar el rechazo al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales y las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Aguiar denunció que las paritarias de la administración pública se han convertido en un "fraude", señalando que los trabajadores han perdido más del 40% de su poder de compra en los últimos 16 meses. Además, criticó el plan del gobierno de fusionar organismos públicos, calificándolo como un intento de "saqueo" que eliminaría funciones esenciales de control y fiscalización del Estado.

El paro también se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre el gobierno y los sindicatos. Desde el inicio de la gestión de Milei, ATE ha realizado 58 paros, reflejando una relación conflictiva. En esta ocasión, las movilizaciones podrían incluir una concentración en el Ministerio de Economía en Buenos Aires.

Por su parte, el gobierno ha defendido sus reformas como un paso hacia la modernización del Estado y la "libertad de asociación". Una de las medidas más recientes es la implementación de una herramienta digital que permite a los trabajadores desafiliarse de los sindicatos de manera directa, sin necesidad de trámites presenciales. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esta iniciativa busca eliminar las "retenciones forzosas" y garantizar el derecho de los trabajadores a optar libremente.

El impacto de estas medidas también se siente en las provincias, donde ATE denunció una caída real de las transferencias automáticas, equivalente a 4,8 billones de pesos en los primeros ocho meses del año. Los gobernadores, según Aguiar, están "arrepentidos" de haber apoyado al gobierno, ya que ahora solo reciben recursos para "administrar la pobreza".

El paro del 22 de mayo promete ser una jornada de alta conflictividad, con implicaciones tanto para el gobierno como para los trabajadores estatales. Mientras ATE busca presionar para revertir las políticas actuales, el gobierno enfrenta el desafío de mantener el rumbo de sus reformas en un clima de creciente tensión social.