La relación entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales atraviesa su momento más crítico desde la asunción de Javier Milei. En medio de un clima de máxima tensión, ambas partes coinciden en eventos públicos, como el foro en la Sociedad Rural en Buenos Aires, pero evitan cualquier tipo de encuentro formal para negociar soluciones a los conflictos vigentes.

El principal foco de disputa radica en dos proyectos de ley que ya cuentan con media sanción en el Senado y que buscan modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos, permitiendo una mayor coparticipación directa a las provincias. Los gobernadores, tanto peronistas como no peronistas, insisten en la necesidad de estos fondos para sostener las finanzas provinciales y acusan al gobierno nacional de retener recursos de manera discrecional.

Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha sido claro: cualquier ley que afecte el equilibrio fiscal será vetada. "Lo que afecta el equilibrio fiscal, aunque sea un poco, nosotros lo vamos a vetar. Después, el Congreso puede hacer lo que quiera, pero nosotros trataremos de objetar las insistencias y buscar las vías para que no se lleven adelante", afirmó Francos en declaraciones radiales. El gobierno sostiene que la urgencia por aprobar estos proyectos responde a intereses electorales de los gobernadores, quienes buscan fortalecer sus posiciones de cara a las próximas elecciones.

En el Congreso, la oposición asegura que las leyes serán aprobadas y advierte que, si el oficialismo impide el avance en comisiones, recurrirán a emplazamientos como en ocasiones anteriores. El receso invernal retrasa la definición, pero la presión de las provincias no cede. Mientras tanto, los gobernadores exploran alianzas y estrategias conjuntas, proyectando incluso la conformación de un interbloque propio en la Cámara de Diputados para el próximo período legislativo.

El distanciamiento se refleja también en las declaraciones de los actores involucrados. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recordó que las leyes fueron aprobadas por unanimidad en el Senado y advirtió que las provincias recurrirán a todas las instancias institucionales y judiciales necesarias para defender sus recursos. Por su parte, diputados radicales que apoyan al oficialismo reclaman un gesto de Milei para recomponer la relación y sostienen que las reformas deben ser consensuadas para garantizar el crecimiento del país.

Con el trasfondo de un año electoral y la proximidad del recambio legislativo, la tensión entre Nación y provincias parece lejos de resolverse. Las próximas semanas serán clave para definir si se logra algún tipo de acuerdo o si la confrontación se profundiza, con posibles consecuencias en la gobernabilidad y la distribución de recursos en todo el país.