El proceso de privatización de las represas hidroeléctricas en la región del Comahue, que incluye a las provincias de Neuquén y Río Negro, avanza con la entrega del borrador del pliego de licitación por parte del Gobierno nacional. Este documento, enviado el pasado lunes, establece las bases para la transferencia de activos estratégicos como las represas de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila a manos privadas.

El decreto 263/25, promulgado el 10 de abril, fija un plazo de 15 días para que las provincias analicen el pliego y presenten observaciones. Sin embargo, las autoridades provinciales han manifestado su preocupación por la celeridad del proceso. "Están haciendo esto en forma un poco apresurada, en un tema que es sustancial para la provincia", declaró Rubén Etcheverry, ministro de Planificación de Neuquén. Los gobernadores de ambas provincias habían solicitado un plazo de 30 días, pero esta petición no fue atendida.

El modelo de negocios diseñado por el gobierno incluye un precio regulado para la energía generada durante los primeros dos años, fijado entre 15 y 20 dólares por megavatio-hora (MWh), muy por debajo del costo real de generación, que ronda los 68 dólares. Este esquema busca evitar un aumento en los costos de la energía, pero también podría limitar los ingresos del Estado por la venta de los activos.

Las represas, que generan un 13% de la energía eléctrica del país con una capacidad total de 4.107 megavatios, son consideradas estratégicas para el desarrollo energético de Argentina. No obstante, el proceso de privatización ha generado críticas. Senadores de Neuquén y Río Negro han solicitado que el 50% del paquete accionario quede en manos provinciales y que las concesiones tengan un plazo máximo de 10 años. También han propuesto que las empresas adjudicatarias reinviertan al menos el 50% de sus utilidades en mantenimiento y mejoras.

El gobierno, por su parte, defiende el proceso como una forma de atraer inversiones privadas y garantizar la continuidad en la prestación de servicios esenciales. Las actuales concesionarias, como Enel y AES, seguirán operando las represas de manera transitoria hasta que se adjudiquen las nuevas concesiones.

Este proceso se enmarca en una política más amplia de privatización impulsada por el gobierno, que incluye otros sectores estratégicos como transporte y energía. La región del Comahue, que representa el 16.5% de la generación hidroeléctrica total del país, es clave en este contexto. Sin embargo, las condiciones actuales del proceso han generado un intenso debate sobre el futuro de estos recursos estratégicos y el impacto en las provincias involucradas.

Se espera que la licitación sea competitiva, con la participación de actores nacionales e internacionales del sector energético. Entre los posibles interesados se encuentran empresas como Pampa, Genneia, MSU Energy e YPF Luz, además de las actuales concesionarias. El resultado de este proceso será crucial para definir el futuro del sector hidroeléctrico en Argentina.