La Superintendencia de Servicios de Salud resolvió dar de baja a diez empresas de medicina prepaga en Argentina, en el marco de un proceso de depuración y control del sector impulsado por el Gobierno nacional. La medida, formalizada a través de la Resolución 446/2026 y publicada en el Boletín Oficial, responde a la necesidad de garantizar que solo operen en el mercado aquellas entidades que acrediten actividad efectiva y cumplan con los requisitos legales y documentales.

Según informaron fuentes oficiales, las auditorías realizadas detectaron la existencia de empresas inscriptas formalmente pero sin actividad real, sin afiliados y sin respaldo documental, conocidas como "agentes fantasma". "El objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados", señalaron desde el Gobierno.

Las empresas excluidas en esta oportunidad son Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL, ECSA Salud, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A., Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ya suman 162 las entidades excluidas del registro oficial. El proceso de depuración se reactivó tras la suspensión de nuevas inscripciones en 2020, durante la emergencia sanitaria. A partir de ahora, las nuevas altas deberán cumplir con un proceso más estricto, presentando documentación completa y validando condiciones para mantenerse en el registro.

El Gobierno asegura que la baja de estas empresas no afecta a los usuarios, ya que no prestaban servicios activos al momento de la inspección. La medida es parte de una estrategia para consolidar un sistema de salud privado más transparente y competitivo, en el que solo participen prestadores legítimos y con capacidad operativa comprobada. Se espera que este proceso continúe en los próximos meses, reforzando los controles y la fiscalización sobre el sector.