El Gobierno nacional oficializó una reforma estructural en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), permitiendo que talleres privados, concesionarios e importadores puedan realizar la inspección obligatoria y fijar precios de manera libre, sin regulación estatal. La medida, instrumentada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, busca ampliar la oferta de prestadores, fomentar la competencia y reducir la intervención estatal en el servicio. Sin embargo, la implementación efectiva dependerá de la adhesión de cada provincia, ya que muchas jurisdicciones mantienen sistemas propios de verificación técnica.

La reforma establece la apertura permanente del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de manera digital. Los talleres interesados deberán acreditar capacidad técnica, equipamiento específico y designar un director técnico, que deberá ser un ingeniero matriculado. Además, estarán sujetos a auditorías posteriores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La tradicional oblea de VTV seguirá vigente, tanto en formato físico como digital.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la regulación nacional sobre los precios del servicio, que ahora serán acordados libremente entre usuarios y prestadores. El Gobierno sostiene que la medida busca terminar con las restricciones que limitaban el ingreso de nuevos actores al mercado y modernizar el sistema de control vehicular. No obstante, los requisitos vinculados a la seguridad y a las inspecciones técnicas obligatorias se mantienen sin cambios.

La reforma generó reacciones dispares en las provincias. La administración bonaerense, a través del ministro de Transporte Martín Marinucci, anunció que mantendrá su propio sistema de verificación técnica, argumentando que la desregulación podría afectar la calidad de los controles y la cobertura territorial. En Catamarca, autoridades locales advirtieron que la medida podría impactar negativamente en las pymes que prestan el servicio y en la cobertura en zonas alejadas, donde talleres móviles acercan la revisión técnica a localidades del interior profundo.

El debate sobre la reforma también expuso diferencias políticas y de enfoque federal. Mientras desde Nación se defiende la apertura como una modernización necesaria, en varias provincias se subraya la importancia de adaptar cualquier cambio a las realidades locales y garantizar la seguridad vial. La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, comenzó a debatir una posible adaptación de su normativa al nuevo esquema nacional.

El futuro del sistema de VTV dependerá de la adhesión de las provincias y de la capacidad de los nuevos prestadores para cumplir con los estrictos requisitos técnicos y regulatorios. El Gobierno apuesta a que la competencia reduzca los costos para los usuarios, aunque persisten interrogantes sobre el impacto en la seguridad vial y la cobertura en todo el país.