El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma de las fuerzas federales de seguridad, en la víspera del vencimiento de las facultades delegadas por la Ley Bases. A través de una serie de decretos, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redefinieron las funciones, estructura y competencias de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Según fuentes oficiales, el objetivo central de la reforma es profesionalizar el personal, modernizar la organización y delimitar con mayor precisión las competencias de cada fuerza. En el caso de la PFA, la transformación apunta a convertirla en un cuerpo de investigación de delitos complejos, inspirado en el modelo del FBI estadounidense. El nuevo Departamento Federal de Investigaciones tendrá alcance nacional y se enfocará en crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.

El Servicio Penitenciario Federal, por su parte, pasará del Ministerio de Justicia al de Seguridad, con el fin de coordinar mejor la lucha contra el delito organizado, incluso desde el interior de los penales. La PSA verá ampliadas sus funciones más allá del entorno aeroportuario, mientras que la Prefectura y la Gendarmería actualizarán sus competencias y estructura, reforzando su carácter civil y su rol en la prevención de delitos y el control ambiental.

Las reformas incluyen mecanismos de control interno y transparencia, pero también otorgan nuevas facultades, como la posibilidad de detenciones sin orden judicial y el ciberpatrullaje en redes abiertas. Estas atribuciones han generado críticas de la oposición y organismos de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de abuso, criminalización de la protesta y falta de controles democráticos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la constitucionalidad de los decretos y la ausencia de debate parlamentario.

El Gobierno, en cambio, sostiene que la reforma es indispensable para modernizar el sistema de seguridad y enfrentar el delito complejo. El proceso se aceleró ante el inminente vencimiento de las facultades delegadas por la Ley Bases, lo que ha intensificado el debate político y social sobre el alcance y control de las fuerzas federales. Se espera que la discusión continúe en el Congreso y en la sociedad en los próximos meses.