El juicio oral contra veinte personas acusadas de integrar una organización narcocriminal en el Penal de Villa Las Rosas, Salta, comenzó esta semana en la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro. Entre los imputados figuran funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares, todos señalados por su presunta participación en una red de corrupción y tráfico de estupefacientes dentro del penal.

La investigación, iniciada tras una denuncia anónima presentada por testigos de identidad reservada, reveló un complejo entramado de sobornos, manejo irregular de beneficios penitenciarios y comercialización de drogas. El comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, explicó que se realizaron intervenciones telefónicas y análisis de cuentas bancarias, logrando identificar más de 113 cuentas vinculadas a 17 de los imputados. Estas cuentas eran utilizadas para transferencias de dinero entre internos, familiares y funcionarios, consolidando un circuito de financiamiento ilícito.

Durante las audiencias, se presentaron pruebas como audios, mensajes y transferencias bancarias, incluyendo una de $100.000 realizada por Baldomero Darío Córdoba, señalado como nexo externo, a la esposa de uno de los funcionarios. El interno Lautaro Teruel habría sido beneficiado con traslados y mejores condiciones de detención gracias a pagos canalizados por Córdoba y gestionados por funcionarios penitenciarios.

La exdirectora general del Servicio Penitenciario, Carina Torres, declaró sobre las irregularidades detectadas durante su gestión y denunció haber sufrido represalias tras exponer la red. Torres relató que el sistema carcelario era vulnerable y que la complicidad entre funcionarios permitía la continuidad de las prácticas ilícitas. Además, se mencionó la participación de algunos implicados en la Municipalidad de Salta, donde también se habrían gestionado beneficios irregulares.

El procurador general Pedro García Castiella calificó la situación como "imperdonable" y destacó la gravedad de las amenazas recibidas por agentes y familiares durante la investigación. El juicio, presidido por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, prevé la declaración de más de 180 testigos y continuará en los próximos días con la presentación de nuevas pruebas y testimonios. El caso pone en evidencia las debilidades estructurales del sistema penitenciario y la necesidad de reformas profundas para garantizar la transparencia y la seguridad en las instituciones carcelarias.