La desaparición de Acaí, una yaguareté reintroducida en el Parque Nacional El Impenetrable, ha vuelto a poner en evidencia la extrema fragilidad de la especie en Argentina. Con menos de 250 ejemplares en todo el país, el yaguareté enfrenta una crisis sin precedentes, agravada por la caza ilegal y la falta de condenas judiciales efectivas.

El caso de Acaí, de quien se perdió rastro el 25 de octubre de 2025 y se presume muerta por cazadores, fue valuado en un daño ambiental de casi $2.700 millones por la Administración de Parques Nacionales. La Justicia analiza ofrecer una recompensa para avanzar en la investigación, mientras organizaciones ambientalistas y funcionarios reclaman medidas más severas para proteger a la especie.

Entre 2010 y 2023, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) abrió 46 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté, pero la mayoría de las causas se archivan por falta de pruebas o dificultades para identificar a los responsables. Según la Red Yaguareté, el número real de casos es aún mayor y muchos nunca llegan a judicializarse. La caza se concentra en el norte del país, mientras que la comercialización de pieles ocurre principalmente en Buenos Aires y CABA.

El único antecedente de condena penal se registró en agosto de 2025, cuando cuatro hombres fueron sentenciados a dos años de prisión en Formosa por cazar y carnear a un yaguareté. "Nunca supimos que el yaguareté era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir: era la vida del bicho o la nuestra", declaró uno de los condenados. Este fallo, considerado histórico, es sin embargo un caso aislado.

El yaguareté es Monumento Natural Nacional y su conservación es clave para la biodiversidad. Las principales amenazas incluyen la deforestación, la caza y los atropellamientos en rutas. La Corte Suprema tiene pendiente un amparo presentado por Greenpeace para proteger su hábitat en el Gran Chaco, donde quedan menos de 20 individuos.

ONG y especialistas reclaman una reforma integral de la Ley 22.421, con penas más duras y la creación de juzgados especializados. "La pérdida de especies no es un daño menor: afecta directamente a los ecosistemas y a la calidad de vida de todos", advirtió el fiscal Ramiro González. Mientras tanto, organizaciones como Fundación Vida Silvestre y Red Yaguareté impulsan campañas de concientización y acciones de conservación, reflejando el creciente interés social por evitar la extinción del felino más emblemático del país.