Un escándalo sacude a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, tras la denuncia de al menos 45 personas que aseguran haber sido víctimas de una estafa en la organización de un viaje turístico a Mendoza. Los afectados relataron que confiaron en Carina Spahn, quien ofrecía paquetes turísticos y cobró sumas que, en algunos casos, superaron los dos millones de pesos. Sin embargo, el viaje nunca se concretó y la empresa de colectivos involucrada confirmó que no existía ninguna reserva para la fecha pactada.

Jésica Rilh, una de las damnificadas, contó que había depositado su confianza en la organizadora por recomendaciones familiares. "En total pagué 2.070.000 pesos a Carina", relató, y describió la frustración de su familia al esperar en vano el colectivo el 12 de julio. "Tengo una nena de cuatro años que hasta hoy me pregunta por qué no fuimos a la nieve. Le tengo que decir que nos estafaron, que nos robaron, porque no tengo otra explicación", expresó.

La situación se agravó cuando los pasajeros intentaron comunicarse con Spahn y no obtuvieron respuesta. Posteriormente, la acusada alegó haber estado internada en el hospital, pero los damnificados comprobaron que tampoco existían reservas hoteleras, lo que confirmó la sospecha de estafa. El caso generó indignación y reclamos en redes sociales y medios locales.

A raíz de la viralización del caso, salió a la luz un antecedente policial de Carina Spahn: en 2002 fue detenida por extorsionar a su propio tío, a quien amenazó con secuestrar a sus hijos si no pagaba una suma en dólares. Este dato reavivó la preocupación entre los afectados y la comunidad.

La coincidencia de nombres llevó a una funcionaria de turismo de Santa Elena, también llamada Carina Spahn, a emitir una declaración pública para aclarar que no tiene relación alguna con la acusada y defender su trayectoria profesional.

El caso pone en evidencia la necesidad de mayores controles en la venta de viajes turísticos y deja en el centro del debate la protección de los consumidores ante posibles estafas. Las víctimas, por su parte, exigen la devolución de su dinero y advierten sobre el daño emocional sufrido, especialmente en familias con niños.