“Hay que matarlo”: una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista ante la mirada de la Policía en Puerto Deseado
🔴 Contratista en coma tras brutal ataque de una patota de la UOCRA en Puerto Deseado. La policía no intervino y la justicia sigue sin avances. Familia denuncia amenazas y exige respuestas. #SantaCruz #Justicia #Seguridad



Fabio Cattani, contratista de 56 años, permanece en estado crítico tras ser víctima de una brutal golpiza el pasado 11 de agosto en Puerto Deseado, Santa Cruz. El ataque, perpetrado por una patota de entre 30 y 40 personas vinculadas a la UOCRA, ocurrió frente a la mirada de la policía provincial, que no intervino para detener la violencia. Según testigos y la denuncia presentada por su esposa, Sonia Montes, el hecho fue instigado por Franco Moreyra, secretario gremial de la UOCRA local, quien habría dado la orden de atacar a Cattani.
Durante la agresión, los atacantes robaron el teléfono celular y una pistola registrada a nombre de la víctima. Cattani fue trasladado inicialmente al hospital local, donde recibió el alta, pero horas después debió ser internado nuevamente debido a una grave descompensación. Los médicos detectaron una rotura de bazo que requirió cirugía de urgencia y transfusiones masivas de sangre. El parte médico indica que Cattani sufrió ocho fracturas costales, lesión testicular grave, politraumatismo torácico, fallo respiratorio y cardíaco, y permanece intubado en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.
La investigación judicial avanza lentamente. La jueza subrogante de Puerto Deseado se excusó de intervenir por vínculo familiar con uno de los acusados, y hasta el momento no hay detenidos ni medidas concretas. La familia de Cattani denuncia amenazas posteriores al ataque y reclama garantías de protección, mientras organizaciones sindicales y sociales expresan su repudio y exigen justicia. La UOCRA nacional emitió un comunicado condenando la violencia y alentando la investigación, aunque referentes locales del gremio niegan responsabilidad y señalan antecedentes de conflicto con la víctima.
El caso ha generado fuerte conmoción en la comunidad y expone nuevamente la problemática de la violencia sindical en la región. La familia insiste en la necesidad de una respuesta judicial urgente para evitar que la impunidad perpetúe estos hechos.
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