El hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, adolescente desaparecido en 1984, reabrió uno de los casos policiales más impactantes de Buenos Aires. El pasado 20 de mayo, obreros que trabajaban en una propiedad de la avenida Congreso, en Coghlan, encontraron 151 fragmentos óseos enterrados en el fondo de la casa donde vivía Cristian Graf, excompañero de Diego y actual imputado por encubrimiento agravado.

La madre de la víctima, Irma Lima, habló públicamente por primera vez en 41 años, expresando su dolor y exigencia de justicia. "Sé que lo mataron, nada más, pero, ¿por qué? Quiero saber qué pasó", declaró Irma, quien mantiene intacto el cuarto de su hijo y lamenta la prescripción del homicidio. "No puede ser que esté suelto, que no esté detenido. Estoy con pena, recordando lo bueno que era, estudioso, deportista, con medallas. Quiero justicia, nada más", agregó.

Cristian Graf, de 58 años, se presentó ante el juez Alejandro Litvack y el fiscal Martín López Perrando para declarar durante tres horas. Su defensa sostiene que ni él ni su familia sabían de la presencia de los restos y que el vínculo con Diego era meramente escolar. "No sé cómo llegó el cuerpo de Diego ahí", afirmó Graf en su única entrevista, sugiriendo que el cadáver pudo haber sido plantado en su propiedad. "Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está", insistió.

El Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que Diego fue asesinado de una puñalada en el pecho y enterrado en una fosa improvisada. La investigación original fue archivada como "fuga de hogar" y destruida en 2003, lo que dificultó el esclarecimiento del caso durante décadas.

El fiscal sostiene que Graf realizó maniobras para encubrir el crimen tras el hallazgo, mientras la familia Fernández Lima reclama que se preserve la vivienda para evitar la destrucción de pruebas. El hermano de Diego, Javier Fernández, también exige justicia: "En esa familia está el asesino, en esa familia están los cómplices de lo que le pasó a Diego".

El caso, aunque prescripto en términos de homicidio, sigue abierto por encubrimiento y supresión de evidencia, y ha reavivado el debate sobre la prescripción de delitos graves y la búsqueda de justicia tras años de impunidad.