El femicidio de Soledad Machuca, ocurrido en la ciudad de Posadas, Misiones, ha ingresado en su etapa final de instrucción judicial tras la confirmación de que la docente de 35 años fue asfixiada por su esposo, Gustavo Cardozo, un suboficial de la Policía provincial. La autopsia, considerada exhaustiva por la abogada querellante Nancy Jara, determinó que la muerte se produjo por compresión cervical ejercida con el antebrazo del acusado, en una maniobra de extrema violencia.

El caso, que inicialmente fue presentado como una posible muerte natural por parte de Cardozo, cambió de rumbo cuando el informe preliminar de la autopsia reveló traumatismos y signos de asfixia. Las pruebas forenses, incluyendo análisis de luminol y ADN, confirmaron la presencia de sangre y material genético del acusado tanto en la escena como en el cuerpo de la víctima. Además, la madre de Cardozo, Teresa Correa, fue imputada por presunta colaboración en la limpieza posterior al crimen, hecho corroborado por testimonios y su propia declaración.

La investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción N°3 de Posadas, recolectó testimonios de más de 30 personas y pruebas técnicas que complican la situación procesal de los imputados. La familia de Machuca, representada por Jara, solicitó la restitución de objetos personales, aunque los dispositivos electrónicos seguirán bajo custodia judicial para eventuales pericias.

El juez Fernando Verón dictó la prisión preventiva de Cardozo en septiembre, medida que la familia de la víctima consideró un avance en la búsqueda de justicia. Sin embargo, la querella expresó su preocupación por la posibilidad de una reconstrucción presencial de los hechos, argumentando que sería innecesaria y revictimizante para los allegados.

Actualmente, la causa está próxima a ser elevada a juicio, restando solo trámites técnicos y la ampliación de indagatorias a los principales acusados. El caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad local y reaviva el debate sobre la violencia de género y la necesidad de respuestas judiciales efectivas en Argentina.