En agosto de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevó adelante una auditoría nacional de pensiones no contributivas por discapacidad, lo que resultó en la suspensión de más de 65.000 beneficios en todo el país. El proceso, anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades y corrupción en el otorgamiento de pensiones, tras la difusión de audios atribuidos a ex funcionarios de la agencia.

La auditoría, regulada por el Decreto 843/24, exige acreditar un 66% de disminución de la capacidad laboral y otros requisitos considerados restrictivos por la justicia y organismos internacionales. Según datos oficiales, hasta junio de 2025 se enviaron más de 834.000 cartas documento para notificar a los beneficiarios, pero el 46% no fueron entregadas, lo que generó que muchas personas se enteraran de la suspensión al intentar cobrar su pensión.

Casos como el de Víctor Ruiz, de Salta, y Ezequiel Bravo, de Pirovano, Buenos Aires, ilustran el impacto de la medida: ambos perdieron el beneficio sin haber recibido notificación previa, lo que los dejó sin sustento económico para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicamentos. "Me quitaron la pensión con la excusa de que no me presenté a la auditoría, a la cual nunca fui notificado", relató Ruiz. Por su parte, la madre de Bravo explicó que la familia nunca fue citada y debió recurrir a ayuda de familiares tras la suspensión.

Organizaciones civiles como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunciaron la falta de regulación y accesibilidad en el proceso de auditoría, así como la ausencia de alternativas para quienes no pueden asistir presencialmente. "Las cartas documento se entregan en lugares que no son los domicilios legales y la nueva normativa habilita la baja por el solo hecho de no presentarse, pese a que a casi la mitad de los destinatarios no les haya llegado", señaló Belén Arcucci, de ACIJ.

En ciudades como Gualeguaychú, la municipalidad orienta a los afectados y recomienda verificar la información oficial para evitar desinformación. Mientras tanto, los beneficiarios deben presentar nuevamente la documentación y esperar meses para una posible restitución del beneficio, sin cobrar los meses suspendidos.

El otorgamiento de pensiones por discapacidad en Argentina ha crecido en los últimos años, pero sigue por debajo de los estándares internacionales. Más del 75% de las personas con discapacidad están desempleadas o en empleos precarios, y la pensión representa un ingreso esencial para muchas familias. El Gobierno justifica el ajuste por el crecimiento de las prestaciones y la necesidad de controles, mientras organizaciones y afectados reclaman transparencia y respeto a los derechos adquiridos.