En la primera semana de diciembre, la Policía Federal Argentina (PFA) desplegó un operativo de gran magnitud en distintas provincias del país, orientado a combatir delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra menores. Más de 20 personas resultaron detenidas o imputadas en el marco de investigaciones por grooming, producción, tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), así como por casos de abuso sexual agravado y violencia de género.

Los procedimientos, ordenados por diferentes fueros judiciales, se llevaron a cabo de manera simultánea en la provincia de Buenos Aires —con intervenciones en Necochea, Pergamino, Junín, Chacabuco, General Viamonte, González Catán, Chascomús, Mar del Plata, Pavón y Tres Arroyos—, así como en Entre Ríos, Río Negro y Corrientes. En cada localidad, la PFA incautó dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, discos duros y soportes de almacenamiento, considerados pruebas clave para las causas en curso.

En Entre Ríos, dos hombres fueron arrestados por orden del Tribunal de Juicios y Apelaciones N°5 de Paraná, acusados de violencia de género y abuso sexual agravado. En Río Negro, la detención de un hombre con pedido de captura vigente por tentativa de robo se concretó en la vía pública. Por su parte, en Corrientes, un ciudadano brasileño fue aprehendido durante un control vehicular, tras comprobarse que tenía un pedido de captura internacional con fines de extradición solicitado por la Justicia de Brasil.

Las autoridades destacaron que los allanamientos fueron el resultado de extensas tareas de inteligencia criminal, análisis técnico de información y la colaboración de unidades especializadas, juzgados y fiscalías de cada distrito. Todo el material secuestrado permanece bajo análisis judicial, mientras que la identidad de las víctimas menores de edad se mantiene estrictamente protegida bajo protocolos específicos.

El operativo federal pone de relieve la complejidad de las investigaciones sobre delitos sexuales y la necesidad de un abordaje coordinado entre fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Las causas continúan en etapa de investigación, y se espera que los resultados de los peritajes digitales aporten nuevas pruebas para el avance de los procesos judiciales.