El reciente aumento de la alícuota de aportes patronales que deben abonar los clubes de fútbol al sistema de seguridad social generó una fuerte polémica entre el Gobierno nacional y las principales instituciones deportivas del país. La medida, oficializada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Disposición 16/2025, eleva la tasa del 7,5% al 13,06%, con un recargo adicional del 5,56% por un año, alcanzando un total del 18,62% a partir del 1 de agosto de 2025.

El Club Atlético River Plate fue uno de los primeros en manifestar su rechazo, calificando la normativa como "confiscatoria" y advirtiendo que implicará una pérdida neta estimada en $16.820 millones. Según el comunicado oficial del club, esta carga adicional pone en riesgo programas educativos, sociales y obras de infraestructura financiadas con recursos propios. "Lejos de ser un beneficio, esta medida amenaza con revertir el impacto económico positivo de nuestras acciones, como la construcción del nuevo Colegio River Plate, financiado exclusivamente por los socios", expresó la entidad.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se pronunció en contra, señalando que la disposición "ignora la realidad financiera de los clubes" y "perjudica actividades sociales y deportivas fundamentales para el desarrollo nacional". La AFA aseguró haber presentado propuestas alternativas durante las reuniones del comité creado por el decreto 939/24, pero denunció que no fueron consideradas por el Gobierno.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida argumentando que los clubes, pese a registrar millonarios ingresos por transferencias de jugadores, aportaban poco al sistema previsional, generando un déficit estimado en $19.930 millones. "Los clubes no pagan sus aportes al sistema jubilatorio y lo reemplazan con un porcentaje de otros conceptos", afirmó Sturzenegger, quien además sostuvo que el sistema anterior era subsidiado por los jubilados.

En el Congreso, el diputado Carlos Cisneros presentó un proyecto de ley para anular la disposición y restituir el régimen anterior, advirtiendo que la nueva carga impositiva amenaza la viabilidad de miles de instituciones deportivas y su función social.

El debate sobre el régimen especial de aportes para clubes de fútbol, vigente desde 1978 y modificado en varias ocasiones, vuelve así al centro de la escena, enfrentando la lógica de sostenibilidad fiscal del Gobierno con la defensa del rol social y comunitario de los clubes. El desenlace de la controversia podría tener implicancias de largo plazo para el modelo deportivo argentino.