La inflación en Argentina alcanzó en mayo de 2025 su nivel más bajo en cinco años, con un incremento mensual del 1,5% según el INDEC. Este dato, celebrado por el Gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, representa un hito en la política económica oficial, que ha priorizado la estabilidad de precios como principal objetivo desde el inicio de la gestión.

El descenso de la inflación se explica, en gran medida, por el ajuste fiscal, el control del gasto público y la estabilidad cambiaria. El rubro de alimentos y bebidas, fundamental para los sectores de menores ingresos, registró un alza de apenas 0,5%, mientras que la canasta alimentaria incluso mostró una leve caída. "La inflación más baja de los últimos cinco años", destacó el Gobierno, que atribuye el logro a la disciplina fiscal y a la reducción de la emisión monetaria.

Sin embargo, el dato positivo convive con señales de alerta. La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se ubicó en 2,2%, por encima del promedio general. Además, sectores como comunicaciones y servicios experimentaron aumentos superiores al 2,5%. Analistas advierten que la desaceleración de precios se apoya en el congelamiento del tipo de cambio, topes a las paritarias y una caída del consumo doméstico, factores que podrían limitar la sostenibilidad de la tendencia.

El contexto económico sigue marcado por desafíos estructurales. El Gobierno ha recurrido a nuevas emisiones de deuda y acuerdos con el FMI para fortalecer las reservas internacionales, mientras la actividad industrial y el empleo muestran signos de estancamiento. El FMI, por su parte, respaldó las medidas adoptadas y anunció una próxima misión técnica para evaluar el cumplimiento de las metas pactadas.

De cara a las elecciones legislativas de octubre, la baja de la inflación se presenta como un logro central para el oficialismo. No obstante, persisten interrogantes sobre la capacidad de sostener estos niveles en los próximos meses y sobre el impacto de las políticas de ajuste en el empleo y el consumo. El debate público refleja tanto el alivio social por la desaceleración de precios como la preocupación por los costos sociales y económicos del modelo adoptado.