El avance del proyecto minero San Jorge en Uspallata, Mendoza, ha reactivado el debate sobre el desarrollo minero en la provincia. Tras 15 años de paralización por motivos políticos y sociales, la empresa Proyecto San Jorge (PSJ) anunció que la construcción de la mina de cobre podría comenzar en el último trimestre de 2026, siempre que se obtenga la aprobación de la declaración de impacto ambiental por parte de la provincia.

El proceso de evaluación ambiental, que lleva ocho meses, ha involucrado a organismos técnicos y a la ciudadanía, con una audiencia pública formal que reunió a más de 3.800 inscriptos y 2.200 oradores. Según la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, más del 90% de los participantes se expresaron a favor del proyecto, destacando la generación de empleo y el desarrollo local. Sin embargo, también se escucharon voces críticas, como la del activista Gustavo Pizarro, quien se opone a la minería en cualquier forma.

Paralelamente, organizaciones sociales y ambientales realizaron una audiencia pública popular en Uspallata, con más de 2.400 asistentes que manifestaron su rechazo al proyecto, argumentando riesgos ambientales y la falta de "licencia social". La movilización incluyó caravanas desde distintos puntos de la provincia y exposiciones de trabajadores, científicos y vecinos preocupados por el impacto en el agua y el ambiente.

El proyecto minero prevé una inversión inicial de 559 millones de dólares y gastos operativos de 120 millones anuales durante 16 años. Se estima la extracción de 653.441 toneladas de concentrado de cobre y 12.118 de oro. El método de extracción será por flotación, cumpliendo la Ley 7722 que prohíbe el uso de químicos peligrosos, y se implementará un depósito de cola seco para minimizar riesgos ambientales.

El ex gobernador Arturo Lafalla cuestionó los beneficios económicos para Mendoza y Uspallata, señalando que el informe oficial carece de datos sobre el valor real de los minerales extraídos y la renta fiscal que quedará en la provincia. "Con poca información, no conocemos ningún yacimiento que tenga esos beneficios, 100%", afirmó Lafalla, pidiendo mayor transparencia.

El debate sobre el proyecto San Jorge refleja la tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental en Mendoza. Mientras el contexto político actual parece más favorable al avance minero, persisten las demandas de transparencia y participación ciudadana. El futuro del proyecto dependerá de la aprobación ambiental y del consenso social que logre construir.