El Gobierno argentino oficializó la actualización del marco regulatorio para la autorización y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) destinados a usos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 255/2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, reemplaza la normativa vigente desde 2011, con el objetivo de agilizar los procesos de evaluación, reducir costos administrativos y fortalecer la seguridad y previsibilidad para inversiones en el sector.

La nueva normativa establece que toda actividad relacionada con OGM, incluidos sus productos y subproductos, requerirá autorización previa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El proceso de aprobación comercial se basará en tres instancias de evaluación: la primera, a cargo de la Coordinación de Innovación y Biotecnología y la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), analizará el riesgo para el agroecosistema; la segunda, realizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), evaluará la aptitud alimentaria humana y animal; y la tercera, a cargo de la Dirección de Políticas de Mercados, examinará los impactos en la producción y comercialización.

Los plazos máximos para las evaluaciones técnicas serán de 120 días hábiles para los análisis de bioseguridad y aptitud alimentaria, y de 30 días hábiles para el dictamen sobre impactos comerciales. Las evaluaciones podrán realizarse en simultáneo, lo que busca acelerar la toma de decisiones sobre nuevos desarrollos biotecnológicos.

La resolución contempla distintos tipos de autorizaciones de comercialización, según el uso propuesto por los solicitantes, e incluye mecanismos vinculados a acuerdos internacionales en materia de bioseguridad, como el Memorando de Entendimiento entre Argentina y Brasil y el acuerdo multilateral con Brasil, Paraguay y Uruguay.

En caso de incumplimientos, la normativa prevé sanciones severas, como la revocación de permisos, la destrucción de materiales y la imposibilidad de obtener nuevas autorizaciones por hasta cinco años. SENASA y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) podrán aplicar sanciones dentro de sus competencias.

Desde 1996, Argentina ha aprobado 134 productos genéticamente modificados, de los cuales 38 fueron autorizados bajo la gestión actual, representando un récord del 28% de todos los desarrollos de este tipo en los últimos 30 años. El Gobierno y organismos técnicos destacan la adecuación a estándares internacionales y la mejora en previsibilidad y competitividad. El sector agroindustrial valora la reducción de trámites y plazos, aunque persisten debates sobre bioseguridad y transparencia. La resolución entrará en vigencia a los 30 días de su publicación.