La Unidad de Información Financiera (UIF) logró el decomiso anticipado de un departamento valuado en 165 millones de pesos, ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, vinculado al fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. La medida, autorizada por la Justicia tras la presentación de pruebas contundentes por parte de la UIF, se enmarca en una causa que investiga el circuito internacional de lavado de dinero y corrupción asociado a Muñoz y su entorno.

El decomiso anticipado, una herramienta avalada por la legislación nacional y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), permite recuperar bienes obtenidos ilegalmente antes de que exista una condena definitiva. Según el organismo, esta acción busca evitar que los activos desaparezcan, cambien de manos o se reintegren a circuitos criminales durante el proceso judicial.

El inmueble decomisado forma parte de una estructura de inversiones que, durante años, camufló el destino de fondos provenientes de delitos de corrupción. La causa incluye decenas de propiedades en Argentina y el extranjero, entre ellas parcelas en las islas Turks & Caicos, que reflejan la magnitud y sofisticación del esquema de lavado de dinero. El monto total de bienes recuperados por la UIF en esta causa supera los 150 millones de pesos.

Paul Starc, titular de la UIF, afirmó: “Recuperar activos de la corrupción es tan importante como condenar. Es dinero que debe volver al servicio de la sociedad y no quedar en manos de estructuras criminales. La UIF está comprometida con una política activa, concreta y eficaz contra el lavado de dinero, en articulación con la Justicia y otros organismos del Estado”.

El caso de Muñoz está vinculado a investigaciones emblemáticas como la causa Cuadernos y el escándalo de los Panamá Papers, que revelaron la existencia de sociedades offshore y el traslado de fondos ilícitos al exterior. La UIF ha tenido variaciones en su rol y atribuciones según el gobierno de turno, con cambios recientes que limitan su participación como querellante en causas de corrupción.

El decomiso anticipado de bienes representa un avance en la política de desmantelamiento de patrimonio ilegal y responde a la demanda pública de acciones visibles contra el enriquecimiento ilícito. El proceso judicial continúa, y se espera que nuevas medidas contribuyan a la recuperación de activos para el Estado y la sociedad.