Carlos Caligaris, un ex policía de 61 años, fue detenido en Córdoba acusado de asesinar a Mateo Ochoa, un adolescente de 15 años, en el barrio Villa Rivera Indarte. El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando el cuerpo del joven fue hallado en la calle Las Varillas al 9400 con un disparo en el rostro. La fiscal Liliana Copello imputó a Caligaris por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen.

El caso ha generado gran conmoción en la ciudad, no solo por la violencia del hecho, sino también por el pasado judicial del acusado. Caligaris fue juzgado en 1996 por el asesinato de su esposa y sus tres hijos, aunque fue absuelto por falta de pruebas. "Fue un crimen salvaje, brutal, tremendo", recordó la abogada Marta Rizzotti, querellante en aquel proceso, quien sostuvo que existían indicios en su contra, como la contratación de un seguro de vida poco antes de los asesinatos. Sin embargo, el tribunal consideró que no había pruebas contundentes y Caligaris recuperó su libertad.

En el presente caso, vecinos del barrio relataron que Caligaris, quien trabajaba como guardia de seguridad barrial, ya había protagonizado incidentes violentos y amenazas con armas de fuego contra jóvenes. Una vecina declaró que el acusado le había dicho a su esposo: "Yo el que vea con actitud extraña, lo bajo, pumba", mientras le mostraba un arma. Otro testimonio indicó que Caligaris había apuntado a un grupo de adolescentes años atrás y, recientemente, disparó a los pies de un vecino por considerarlo sospechoso.

La investigación enfrenta obstáculos, como la falta de cámaras de seguridad en la zona y la ausencia del arma homicida. La fiscalía analiza si el hecho fue un intento de robo o un acto deliberado, mientras Caligaris se mantiene en silencio y no ha declarado. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, pidió prudencia y que se permita avanzar a la justicia.

El caso reabre el debate sobre la inseguridad en Córdoba y la contratación de personal de seguridad con antecedentes penales. La comunidad de Villa Rivera Indarte, afectada por reiterados episodios de violencia, exige respuestas y mayor control sobre quienes ejercen funciones de vigilancia en los barrios.