El Senado argentino aprobó, por una ajustada diferencia de dos votos, el ascenso de 21 militares que habían sido pasados a retiro durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2010. La medida, impulsada por el ministro de Defensa Luis Petri, busca reparar lo que se considera una injusticia cometida bajo la gestión de Nilda Garré, entonces ministra de Defensa, quien bloqueó la promoción de estos oficiales por tener parentescos de sangre con militares que actuaron durante la última dictadura militar.

La votación, que contó con 36 votos a favor y 34 en contra, se realizó en el marco de una sesión maratónica en la que también se trataron otros temas de relevancia, como el rechazo de decretos presidenciales y la aprobación de proyectos sobre financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica. El bloque kirchnerista se opuso a la medida, manteniendo su postura histórica sobre la política de ascensos en las Fuerzas Armadas.

Los militares beneficiados por la decisión incluyen 15 tenientes coroneles del Ejército y 6 capitanes de fragata de la Armada, quienes recibirán el ascenso con retroactividad a 2018, aunque permanecerán en situación de retiro. Entre los ascendidos se encuentra Jorge Emilio Sciurano, veterano de Malvinas, y otros oficiales cuyos nombres habían sido propuestos por las juntas de calificaciones pero fueron marginados por motivos ajenos a su desempeño profesional.

La política de "portación de apellido" implementada durante el kirchnerismo generó controversia y fue motivo de renuncias dentro de las Fuerzas Armadas, como la del general de brigada Alejandro Díaz Bessone y el contraalmirante Carlos B. Castro Madero, quienes solicitaron su propio pase a retiro en desacuerdo con la medida.

Organizaciones como el Foro Argentino de Defensa celebraron la decisión del Senado, calificándola como una "reparación tardía y parcial". "Estos oficiales fueron injustamente postergados, no por su desempeño profesional, sino por ser familiares de oficiales que revistieron durante el gobierno militar. A esta discriminación arbitraria se sumó la imposición del retiro obligatorio, cercenando carreras y aspiraciones legítimas", expresó Santiago Lucero Torres, presidente del Foro.

El ascenso de estos militares se inscribe en un proceso de revisión de decisiones tomadas en gobiernos anteriores y refleja las tensiones persistentes en torno al legado de la dictadura y la política de derechos humanos en Argentina. Aunque la medida no restituye los años de servicio perdidos, representa un reconocimiento oficial de la injusticia sufrida por los afectados y podría abrir el debate sobre otras situaciones similares en el futuro.