Una pareja fue detenida en la provincia de Salta acusada de liderar una compleja red de estafas laborales que afectó a cientos de personas en varias provincias argentinas. La investigación, encabezada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, se inició el 27 de febrero tras una denuncia que rápidamente derivó en más de 30 presentaciones adicionales de damnificados.

Según fuentes judiciales, Valeria Páez y su pareja ofrecían supuestos empleos en proyectos mineros inexistentes, principalmente a trabajadores de San Juan, quienes debían abonar hasta 200.000 pesos por trámites administrativos y exámenes médicos. "La mujer se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar", detalló el Ministerio Público Fiscal de Salta. Para sostener el engaño, los acusados crearon empresas sin registro formal, como Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, a través de las cuales difundían convocatorias laborales y simulaban procesos de selección.

El impacto fue especialmente fuerte en San Juan, donde cerca de 200 trabajadores denunciaron haber sido víctimas del fraude, con un perjuicio económico estimado en 40 millones de pesos. Los pagos se realizaban mediante transferencias a cuentas de terceros, dificultando la trazabilidad del dinero. "Muchos de los denunciantes renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos", señalaron los investigadores.

La fiscal interina Ana Salinas Odorisio ordenó el bloqueo de ocho cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos para evitar nuevos movimientos y preservar fondos para la investigación. Durante los allanamientos, se secuestró documentación considerada clave para avanzar en la causa.

El esquema delictivo no se limitó a San Juan y Salta: se detectaron maniobras similares en Jujuy, Mendoza, Catamarca y Tucumán. En Jujuy, una familia denunció una estafa por una licitación de obra inexistente que involucró 20 millones de pesos. Las empresas utilizadas carecían de publicaciones en el Boletín Oficial y de registros legales.

Las autoridades continúan investigando el alcance total de la maniobra y la cantidad de damnificados, mientras las víctimas reclaman justicia y la recuperación de los fondos perdidos. El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores ante promesas laborales fraudulentas y la necesidad de mayores controles en el sector.