La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue escenario esta semana de una fuerte controversia tras la decisión del gobierno nacional de no renovar el contrato de 61 trabajadores, medida que afectó a técnicos, profesionales y personal especializado. El operativo de despidos, que se concretó el 30 de junio y se hizo efectivo el 1 de julio, estuvo acompañado por un despliegue de Gendarmería en la sede central de la CNEA, lo que generó tensión y protestas entre empleados y sindicatos.

El presidente de la CNEA, Martín Porro, defendió la decisión argumentando que la medida busca modernizar la estructura organizativa y que no se desvinculó a personal científico ni estratégico. "Sobre un universo de más de 300 contratados, se decidió no renovar 61 agentes que permanecían en la modalidad de ‘plazo fijo'. La medida tiene como objetivo central el crecimiento y la modernización de una estructura organizativa que necesita mayor dinamismo en todos sus proyectos", afirmó Porro en la red social X. Sin embargo, trabajadores y gremios desmintieron esta versión, señalando que entre los despedidos hay personal con funciones críticas, como la única operadora de un microscopio electrónico de barrido acreditado bajo normas internacionales.

El sindicato ATE CNEA denunció que la medida forma parte de un proceso de desmantelamiento del sector nuclear argentino, que ya ha perdido más de 500 puestos en los últimos dos años y enfrenta una caída presupuestaria del 32,9% respecto de 2023. "Se están desarmando equipos de trabajo hipercalificados que llevaron años de formación y consolidación. Cuando se despide a un trabajador especializado, se pierde conocimiento estratégico acumulado por el Estado argentino", advirtieron desde el gremio.

El conflicto coincidió con la visita de directivos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el anuncio de un nuevo proyecto de reactor modular (ACR-300) con inversión privada estadounidense, presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el CEO de Meitner Energy. Este anuncio fue interpretado por sectores gremiales y legisladores como un cambio de modelo que prioriza la inversión extranjera y la privatización, en detrimento de desarrollos nacionales como el proyecto CAREM, actualmente paralizado.

La situación generó repercusión internacional y preocupación en el ámbito científico, mientras sindicatos y trabajadores exigen la reincorporación de los despedidos y advierten sobre el impacto en la soberanía tecnológica y científica del país. El gobierno, por su parte, sostiene que la medida es parte de una política de modernización y reducción del gasto público, en línea con la reestructuración del sector estatal.