Sofía Devries, una joven turista de 23 años oriunda de Villa Ballester, permanece desaparecida desde el lunes tras una inmersión de buceo recreativo en el Golfo Nuevo, Puerto Madryn. El incidente ocurrió durante una expedición guiada por la empresa Freediving Patagonia, en la que participaban seis personas, entre ellas su pareja. Al finalizar la práctica, solo tres de los cuatro buceadores retornaron a la superficie, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda en la zona de Punta Cuevas y el Parque Submarino “HU SHUN YU 809”, sumando personal especializado en rescate y buceo. Dos de los rescatados recibieron tratamiento en cámara hiperbárica y un tercero quedó bajo vigilancia médica en el Hospital Andrés Ísola. La investigación está a cargo de la fiscal María Angélica Carcano.

El novio de Sofía, quien la acompañaba en la inmersión, expresó su angustia y críticas hacia las autoridades a través de redes sociales, reclamando mayor celeridad y transparencia en el operativo. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer”, escribió, manifestando su desesperación y esperanza de hallarla.

Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura, declaró que las posibilidades de encontrar a la joven con vida son nulas, debido a la profundidad (20-26 metros) y el tiempo transcurrido. Wagner explicó que en el buceo deportivo no se utiliza vinculación física entre los participantes, y que el lugar del accidente es considerado seguro y autorizado para la actividad.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en el buceo turístico. Operadores locales y expertos subrayan la importancia de la certificación y la supervisión profesional, aunque insisten en que los accidentes son excepcionales en la zona. Marcelo Larsen, operador de buceo, destacó: “El buceo es una actividad de riesgo, pero se puede hacer dentro de ciertos parámetros de seguridad”.

Mientras la comunidad permanece en vilo, el operativo continúa y las autoridades piden cautela hasta contar con información oficial. El desenlace aún es incierto, pero el caso pone bajo la lupa la responsabilidad compartida entre operadoras, instructores y buzos en una actividad que, aunque regulada, nunca deja de implicar riesgos.