Un violento episodio ocurrido el domingo en San Justo, partido de La Matanza, volvió a poner en el centro del debate la inseguridad y la justicia por mano propia en Argentina. Un hombre fue acusado por vecinos de intentar robar en la casa de una mujer y, tras ser perseguido, fue atado a una camioneta y arrastrado por la calle durante aproximadamente 100 a 200 metros. El hecho fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación y controversia.

Según relataron los protagonistas, todo comenzó cuando la suegra de Diego, el conductor de la camioneta, lo llamó desesperada alertando sobre un presunto intento de robo en su vivienda. Diego y otros vecinos salieron en busca del sospechoso, a quien lograron interceptar tras una persecución de varias cuadras. En vez de entregarlo de inmediato a la policía, decidieron atarlo al vehículo y arrastrarlo por la calle, en lo que describieron como un "castigo" ante la reiteración de hechos delictivos en el barrio.

El conductor justificó su accionar alegando el miedo y la inseguridad que vive su familia, especialmente por la delicada salud de su suegra. "Mi suegra tiene pánico y se tuvo que ir de la casa", declaró. Por su parte, el hombre agredido negó haber cometido el robo y aseguró que todo fue producto de una confusión. Al llegar a la comisaría, la policía constató que presentaba lesiones leves y se retiró por sus propios medios, negándose a aportar más datos o recibir asistencia.

Ante la ausencia de denuncias formales, la fiscal Mariana Sogio, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Matanza, dispuso abrir una investigación de oficio para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades tanto del acusado como de los vecinos involucrados en la agresión.

El caso reavivó el debate sobre la inseguridad y la justicia por mano propia en la provincia de Buenos Aires, donde la reiteración de hechos violentos y la falta de confianza en el sistema judicial generan preocupación y divisiones en la sociedad. Expertos advierten sobre el peligro de que la violencia se convierta en respuesta habitual ante el delito, erosionando la convivencia y el respeto por los derechos fundamentales. El episodio se suma a otros similares que han puesto en cuestión los límites de la acción vecinal y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.