Los gremios docentes de las principales universidades públicas argentinas, como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), han decidido profundizar su plan de lucha ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a sus reclamos salariales y presupuestarios. En Córdoba, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios (ADIUC) resolvió suspender las mesas de exámenes previstas para julio y agosto, así como postergar el inicio de clases del segundo cuatrimestre. Esta decisión fue respaldada por el 99,2% de los docentes consultados, quienes manifestaron que sus condiciones de vida se ven gravemente afectadas por las políticas de ajuste vigentes.

En La Plata, la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) convocó a una asamblea extraordinaria para definir los próximos pasos del conflicto, luego de una masiva adhesión al paro nacional y la Marcha de Antorchas que recorrió el centro de la ciudad. Los reclamos principales incluyen la recomposición salarial, la actualización del presupuesto universitario, el incremento de becas estudiantiles y una mayor inversión en el sistema científico nacional. Además, exigen al Congreso Nacional el urgente tratamiento y aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada clave para destrabar el conflicto.

Leticia Medina, secretaria general de ADIUC, explicó que el plan de acción será escalonado y flexible, con paros rotativos y evaluaciones permanentes según el desarrollo del conflicto. "La comunidad universitaria está defendiendo la educación pública con las herramientas que tiene: organización y lucha colectiva", afirmó. Sin embargo, expresó preocupación por la falta de consenso político en el Congreso, especialmente entre los bloques de La Libertad Avanza y parte del radicalismo, que ya habían apoyado el veto de la ley en 2024.

El conflicto afecta a más de 60 universidades públicas en todo el país y se inscribe en un contexto de emergencia presupuestaria y deterioro salarial. En abril, la Marcha Federal Universitaria reunió a más de 800 mil personas en defensa de la universidad pública, evidenciando la magnitud del reclamo. Mientras tanto, los gremios advierten que las medidas de fuerza continuarán hasta obtener respuestas satisfactorias, manteniendo la presión sobre el Gobierno y el Congreso para garantizar el futuro de la educación superior en Argentina.