La investigación judicial sobre el caso $LIBRA, que involucra el lanzamiento y posterior colapso de una criptomoneda en Argentina, enfrenta demoras significativas debido a la remisión de datos incompletos por parte de la Fiscalía argentina a Interpol. El pedido de cooperación internacional, realizado el 8 de julio, buscaba identificar y localizar a Julian Peh, empresario vinculado al proyecto y quien se reunió con el presidente Javier Milei durante el Tech Forum en octubre pasado. Sin embargo, Interpol Singapur respondió que no existen registros de una persona con ese nombre en su país, lo que generó especulaciones y retrasó la pesquisa más de un mes.

La querella logró avanzar en la identificación del empresario, descubriendo que su verdadero nombre sería Bai Qihao o Qihao Bao, según registros académicos en Estados Unidos. Este hallazgo podría permitir reactivar la investigación, que se encuentra casi paralizada. El CEO de Kip Protocol, empresa que aportó apoyo logístico al proyecto $LIBRA, figura como imputado junto a Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y otros empresarios y funcionarios.

Las declaraciones de los implicados han generado contradicciones en las versiones oficiales. Peh afirmó que recibió instrucciones directas para apoyar el lanzamiento del token, mientras que otros involucrados niegan haber intervenido en las operaciones. Tras el estallido del escándalo, la Casa Rosada atribuyó la maniobra financiera a Kip Protocol, pero registros oficiales muestran que otros actores, como Hayden Mark Davis, habían ingresado a la Casa Rosada antes de que Peh conociera al presidente. Davis, por su parte, exculpó a Peh y acusó a socios de Milei de intentar deslindar responsabilidades.

El caso $LIBRA ha tenido un fuerte impacto político y judicial, afectando la imagen del gobierno y generando dudas sobre la transparencia en la gestión de proyectos vinculados a criptomonedas. La investigación sigue abierta, y se espera que la Fiscalía remita un nuevo pedido de cooperación internacional con los datos identificatorios completos, lo que podría insumir varias semanas más. El desenlace de la causa podría tener implicaciones importantes para la administración actual y para la regulación de activos digitales en Argentina.