El Gobierno argentino oficializó este jueves el procedimiento que permitirá a extranjeros obtener la ciudadanía argentina a través de la realización de inversiones relevantes en el país. La medida, establecida por el Decreto 524/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca atraer capitales productivos y fomentar la creación de empleo, al tiempo que refuerza los controles institucionales para evitar riesgos a la seguridad nacional.

Según la normativa, cualquier persona extranjera que acredite haber realizado una inversión significativa podrá iniciar el trámite ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta agencia será responsable de evaluar si la inversión cumple con los criterios de relevancia que definirá el propio Ministerio de Economía, sin que el decreto establezca montos o tipos específicos.

Una vez presentada la solicitud, la Agencia deberá consultar a diversos organismos estatales, entre ellos el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia, el Registro Nacional de las Personas y la Secretaría de Inteligencia del Estado. El objetivo de estos informes es determinar si el otorgamiento de la ciudadanía podría representar un riesgo para la seguridad nacional o los intereses estratégicos del país.

Con todos los informes reunidos, la Agencia elaborará un dictamen recomendando la aprobación o el rechazo de la solicitud, que será remitido a la Dirección Nacional de Migraciones. Este organismo tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir una resolución fundada. En caso de aprobación, el nuevo ciudadano podrá tramitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), indispensable para operar formalmente en la economía argentina.

La medida complementa el Decreto 366/2025, que en mayo incorporó la figura del "ciudadano por inversión" a la Ley de Ciudadanía. Además, se enmarca en un contexto de flexibilización de regulaciones financieras y apertura a capitales extranjeros, impulsado por el gobierno de Javier Milei. El Banco Central, por ejemplo, eliminó recientemente restricciones para inversores no residentes, facilitando la repatriación de fondos y la participación en el mercado cambiario.

El Ejecutivo sostiene que la nueva normativa permitirá agilizar el otorgamiento de ciudadanía a inversores, fortalecer los controles institucionales y contribuir al desarrollo económico. Hasta el momento, no se han registrado reacciones públicas de la oposición o de organizaciones civiles respecto a la medida.