Un tribunal federal de Rosario condenó a Julián Mariano Gutiérrez a 11 años de prisión por su participación en un secuestro extorsivo ocurrido en agosto de 2024 en Venado Tuerto, Santa Fe. Este caso, vinculado al narcotráfico, marca un precedente en la región por su gravedad y el uso del nuevo sistema acusatorio federal.

El hecho comenzó cuando Gutiérrez y su cómplice, Araceli Lucrecia Pena, irrumpieron armados en la casa de la víctima, identificada como N.G., exigiendo la devolución de una mochila que contenía drogas, dinero y armas, robada por el hermano de la mujer. La víctima fue secuestrada y trasladada a una vivienda donde fue golpeada y amenazada. Durante su cautiverio, fue obligada a participar en una videollamada con el líder de la banda, apodado "Enano", quien exigió la devolución de los bienes robados o algún tipo de garantía para su liberación.

La situación escaló cuando el hijo adolescente de la víctima, de 15 años, entregó la escritura de una propiedad familiar para lograr la liberación de su madre. Sin embargo, las amenazas continuaron, exigiendo más dinero y drogas. La denuncia fue presentada el 17 de agosto de 2024, lo que llevó a una serie de allanamientos en los que se incautaron armas, drogas y dinero en efectivo, y se detuvo a los implicados.

El tribunal, compuesto por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Germán Sutter Schneider y Elena Dilario, dictó la sentencia en una audiencia de determinación de pena, conocida como cesura de juicio, bajo el nuevo sistema acusatorio federal. Gutiérrez fue condenado por secuestro extorsivo agravado, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de armas de fuego. Además, se le impuso una multa de más de seis millones de pesos e inhabilitación absoluta por el mismo período de la pena.

El fiscal Federico Reynares Solari destacó que este es el primer caso de secuestro extorsivo vinculado al narcotráfico en la región del Departamento General López. La defensa de Gutiérrez solicitó una pena mínima de 10 años, pero el tribunal avaló la solicitud del Ministerio Público Fiscal, que buscaba una condena ejemplar para sentar un precedente en la lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada.

Este caso subraya la creciente influencia del narcotráfico en la región y la necesidad de medidas contundentes para combatir este tipo de delitos. La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de la violencia vinculada al narcotráfico, marcando un hito en la aplicación de la justicia en la región.