El Gobierno nacional avanza con una profunda reestructuración de las fuerzas federales y organismos de control del transporte, en el marco de una serie de decretos que serán publicados en los próximos días. Entre las medidas más destacadas se encuentra la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cuyas funciones serán absorbidas por la Gendarmería Nacional, la Secretaría de Transporte y una nueva Agencia de Control de Concesiones de Transporte.

La reforma también alcanza a la Policía Federal Argentina (PFA), que se transforma en una fuerza de investigación criminal con la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en el modelo del FBI estadounidense. Esta nueva estructura otorga a la PFA atribuciones ampliadas, como la posibilidad de realizar detenciones y requisas sin orden judicial, así como tareas de ciberpatrullaje, lo que ha generado preocupación en organismos de derechos humanos y sectores de la oposición.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, impulsa además una redefinición de roles para la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con el objetivo de evitar superposiciones y delimitar claramente las competencias de cada fuerza. La PSA se enfocará exclusivamente en la seguridad del transporte, mientras que la Prefectura mantendrá la vigilancia de mares y ríos, y la Gendarmería se concentrará en el control de fronteras y la prevención del contrabando.

Según fuentes oficiales, la reestructuración busca modernizar el sistema de seguridad y transporte, mejorar la eficiencia operativa y reducir la burocracia. Sin embargo, críticos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que la ampliación de facultades policiales y la falta de controles democráticos podrían poner en riesgo derechos fundamentales. Además, la ausencia de debate parlamentario en la aprobación de estas reformas ha sido señalada como un factor que debilita su legitimidad institucional.

El Gobierno sostiene que la reforma responde a la necesidad de adaptar el Estado a desafíos criminales más complejos y sofisticados, aunque expertos y opositores insisten en la importancia de mantener un equilibrio entre seguridad y garantías democráticas. El impacto real de estas medidas se evaluará en los próximos meses, a medida que se implementen y se desarrollen los procesos judiciales y políticos en curso.