El caso del crimen de Diego Fernández Lima, adolescente desaparecido y asesinado en 1984, volvió a ocupar la atención pública tras la apelación del sobreseimiento de Cristian Graf, excompañero de la víctima y único imputado por encubrimiento y supresión de evidencia. El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, presentó el recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones, luego de que el juez Alejandro Litvack considerara prescripto el homicidio y, en consecuencia, el encubrimiento.

El hallazgo de los restos de Fernández Lima se produjo el 20 de mayo de 2025, cuando obreros que trabajaban en una vivienda de avenida Congreso 3748, en el barrio porteño de Coghlan, encontraron huesos humanos junto a objetos personales de la víctima. El Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que el enterramiento original estaba completamente dentro del predio de la casa de Graf.

Durante la investigación, testigos relataron que Graf mostró nerviosismo y pidió especial cuidado con una planta cercana al sitio donde se hallaron los restos, lo que la fiscalía interpretó como conocimiento previo de la fosa. Además, Graf ofreció explicaciones sobre el origen de los huesos que fueron calificadas como "inverosímiles" por el fiscal, quien sostiene que el encubrimiento fue una acción continuada que sólo cesó con el hallazgo de los restos.

En su declaración indagatoria, Graf afirmó no recordar a Fernández Lima ni a otros compañeros de la escuela ENET N°36, versión que la fiscalía y la familia de la víctima consideran poco creíble. El hermano de Fernández Lima criticó la falta de memoria del acusado y la ausencia de avances en la investigación durante más de cuatro décadas, señalando la responsabilidad del Estado en la falta de esclarecimiento.

El juez Litvack fundamentó el sobreseimiento en que las acciones atribuidas a Graf no fueron dirigidas a las autoridades policiales o judiciales y que, al estar prescripto el delito principal, el encubrimiento también debía considerarse prescripto. Sin embargo, la fiscalía argumenta que el encubrimiento es un delito autónomo y que la falta de imputación formal impide declarar la prescripción.

La apelación busca que la causa avance hacia el juicio oral, con el objetivo de esclarecer los hechos y brindar justicia a la familia de la víctima. El caso pone en evidencia las dificultades para resolver crímenes históricos y la importancia de la acción judicial en la búsqueda de verdad y reparación.