El Gobierno nacional implementará a partir de enero de 2026 un nuevo esquema de subsidios energéticos que elimina la segmentación vigente y focaliza la asistencia en función de los ingresos y la ubicación geográfica de los hogares. Esta reforma, que busca reducir el gasto estatal y acercar los precios de la energía a su valor real, ha generado un intenso debate político y social en todo el país.

Según la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía, el sistema pasará de tres categorías de usuarios a solo dos: "hogares con subsidio" y "hogares sin subsidio". El acceso al beneficio quedará restringido a familias con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales y que cumplan ciertos criterios patrimoniales. Para quienes queden fuera del subsidio, el costo de la energía superará el 100% del precio mayorista, alcanzando en promedio el 103,4%. Esta diferencia, justificada oficialmente como una contribución a infraestructura y eficiencia, fue calificada por la diputada Jimena López como un "impuesto encubierto" y motivo de controversia por la falta de debate parlamentario.

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno anunció la eliminación de subsidios para casi 80 mil viviendas en barrios cerrados y la obligación de recategorización para mantener la tarifa social. El ministro Carlos Bianco explicó que la medida busca adecuarse a la normativa nacional y mejorar los criterios de inclusión, aunque advirtió que los usuarios deberán reinscribirse para no perder el beneficio.

El impacto de la reforma será especialmente fuerte en provincias como San Juan, donde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) advirtió que la quita de subsidios y la reducción de bloques subsidiados podrían aumentar las facturas entre un 20% y un 30%, incluso para hogares vulnerables. El reclamo sanjuanino se centra en la necesidad de reconocer las particularidades climáticas y de infraestructura de la región, que no se ven reflejadas en los criterios nacionales.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de Viedma, Marín Pérez Morando, alertó sobre la importancia de anticipar el impacto de la medida, especialmente en la Patagonia, donde la georreferenciación y la composición familiar serán claves para acceder a los subsidios.

Mientras el Gobierno defiende la reforma como un paso necesario para la sostenibilidad fiscal y la focalización de la ayuda estatal, legisladores, defensores del pueblo y organizaciones sociales insisten en la necesidad de un debate más amplio y de criterios de equidad que contemplen las realidades regionales. El futuro de la política tarifaria y su impacto en los hogares argentinos dependerá de la capacidad de diálogo y ajuste de las medidas en los próximos meses.