Un megaoperativo contra la ciberpedofilia se desplegó este miércoles en la provincia de Buenos Aires, con 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades, en el marco de la “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”. La acción, coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General bonaerense, tuvo como objetivo desarticular redes de explotación sexual infantil en entornos digitales y frenar la circulación de material de abuso sexual infantil.

La investigación, que involucró a fiscales especializados y fuerzas de seguridad federales y provinciales, se inició sobre 138 objetivos y derivó en la investigación de 111 personas, entre ellas 106 hombres y cinco mujeres, con edades entre 15 y 75 años. Entre los investigados se identificaron dos menores de edad y seis personas que trabajaban en contacto directo con niños y adolescentes. Además, se detectaron 37 menores que convivían con los sospechosos y cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil.

Durante los procedimientos, se secuestraron 80 computadoras, 165 teléfonos celulares, 160 dispositivos de almacenamiento digital y dos armas de fuego. También se realizaron 31 análisis preliminares sobre los dispositivos incautados. Uno de los allanamientos se realizó en una unidad carcelaria, donde los investigados ya estaban privados de libertad por delitos similares.

En Mar del Plata, cinco personas fueron imputadas, entre ellas un expolicía exonerado, mientras que en Tandil y la región se concretaron siete allanamientos por presunta tenencia de material ilegal. Las investigaciones se originaron a partir de reportes de plataformas digitales como Google, X, Whatsapp y Discord, que alertaron sobre la posible circulación de material de abuso sexual infantil.

La Procuración General bonaerense y los fiscales intervinientes destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional y la cooperación con plataformas digitales para la detección temprana de estos delitos. El operativo forma parte de una política institucional que prioriza la protección integral de las infancias y la persecución de delitos vinculados a la explotación sexual infantil en línea. Se prevé que las pericias sobre los dispositivos incautados permitan avanzar en la identificación de responsables y posibles víctimas, reforzando el compromiso de las autoridades con la erradicación de estos delitos.