La Justicia argentina se encuentra ante la decisión de investigar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el presunto uso indebido de custodia policial para su esposa, Bettina Angeletti. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien durante una sesión en la Cámara de Diputados detalló los movimientos de Angeletti y señaló que contaba con protección oficial de la Policía Federal Argentina, incluso para actividades personales.

La exposición de estos datos en el Congreso motivó al Ministerio de Seguridad a denunciar a Tailhade por supuesto espionaje ilegal, argumentando que el nivel de detalle sobre la vida privada de la familia de Adorni podría poner en riesgo la seguridad nacional. Sin embargo, la fiscal Paloma Ochoa declinó investigar a Tailhade por cuestiones de competencia, ya que existía una causa previa en otra fiscalía. En cambio, Ochoa aceptó avanzar con la denuncia contra Adorni, sugiriendo que se extraigan testimonios y se investigue el presunto abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.

En su descargo, Tailhade solicitó que se aclare si la asignación de custodia oficial a la esposa de Adorni constituye un uso indebido de recursos estatales, ya que, según él, Angeletti no tendría legitimidad ni autorización legal para recibir ese beneficio. Por su parte, Adorni respondió en el recinto que la divulgación de información sobre su familia podría representar una amenaza a su integridad física.

La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del Juzgado Federal N° 5, deberá decidir en los próximos días si desestima la denuncia o si abre una nueva investigación contra el jefe de Gabinete. El caso se da en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de recursos públicos por parte de funcionarios y en medio de otras investigaciones judiciales que involucran a miembros del gobierno y la oposición. Las implicancias de la decisión judicial podrían tener repercusiones tanto en el ámbito político como en la percepción pública sobre la transparencia y el uso de privilegios en la función pública.