La ciudad de Eldorado, en Misiones, fue escenario de una presunta estafa que conmocionó a la comunidad educativa y a las familias de la Escuela Provincial de Comercio N°19. Romina Enríquez, madre de una alumna y encargada de la organización de la fiesta de egresados, fue denunciada por apropiarse de más de 17 millones de pesos recaudados para el evento, aunque la denuncia penal estima que el perjuicio podría alcanzar los 25 millones.

El fraude salió a la luz el mismo día de la celebración, cuando los responsables del salón de fiestas alertaron que los servicios no habían sido pagados. Ante la inminente cancelación, padres y autoridades escolares se reunieron de urgencia y, con el apoyo del intendente Rodrigo Durán, lograron reunir el dinero necesario para que la fiesta se realizara. El grupo de padres asumió una deuda de entre 8,3 y 10 millones de pesos, que se comprometieron a pagar en cuotas, mientras el municipio actuó como garante.

Durante meses, los padres habían solicitado comprobantes de pago a Enríquez, quien siempre presentó excusas y nunca mostró documentación. La acusada, que integraba la comisión organizadora, presentó un pedido de eximición de prisión y un certificado psiquiátrico alegando reposo médico, mientras la investigación avanza en la Fiscalía de Instrucción N°2 de Misiones.

El caso tomó notoriedad pública y se conocieron antecedentes de presuntas estafas previas cometidas por Enríquez en otros eventos, así como su vinculación con el mundo de las apuestas y casinos online. Sin embargo, familiares y docentes rechazan la versión de ludopatía como defensa legal y la consideran una estrategia para evadir responsabilidades.

En medio de la crisis, los estudiantes afectados decidieron incluir a la hija de la acusada en la fiesta, en un gesto de empatía. Además, se lanzó una colecta solidaria para cubrir los gastos, con el apoyo del vicegobernador Lucas Romero Spinelli y el intendente local. El caso generó debate sobre la confianza y los controles en la gestión de fondos escolares, y puso en evidencia la vulnerabilidad de las familias ante este tipo de situaciones. La investigación continúa y se espera que la justicia determine las responsabilidades y el destino de los fondos.