Cornejo denunció que dos intendentes opositores financiaron la marcha antiminera y le salieron al cruce
• Mendoza habilita el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino tras aval legislativo • Masivas protestas y acusaciones cruzadas entre gobierno e intendentes • Se crea órgano de control ambiental multisectorial • Debate por el uso del agua y el futuro productivo provincial



La provincia de Mendoza vivió una semana de alta tensión política y social tras la aprobación legislativa del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, el primero de escala metalífera en más de 25 años. La Legislatura provincial dio luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), permitiendo el avance de una inversión estimada en 560 millones de dólares y la generación de miles de empleos directos e indirectos.
El proyecto, ubicado en el departamento de Las Heras, cerca de Uspallata, prevé la producción anual de 40.000 toneladas de cobre fino y 40.000 onzas de oro como subproducto, con una vida útil inicial de 16 años. La aprobación fue celebrada por el gobernador Alfredo Cornejo, quien sostuvo que "la minería será el motor del progreso" y destacó la creación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), un órgano multisectorial encargado de monitorear el cumplimiento de los estándares ambientales y la transparencia del proceso.
Sin embargo, la decisión legislativa desató una masiva movilización social. Cerca de 20.000 personas, convocadas por asambleas ambientales, sindicatos y organizaciones sociales, marcharon en el centro de Mendoza para rechazar el proyecto y exigir la defensa del agua. "No hay licencia social para la minería contaminante", fue una de las consignas más repetidas. Las protestas se replicaron en distintos departamentos y se sumaron cortes de ruta y ruidazos.
El conflicto escaló cuando el gobernador acusó a los intendentes de La Paz y Rivadavia de utilizar recursos estatales para facilitar la movilización de manifestantes. Ambos jefes comunales defendieron su accionar, argumentando que el préstamo de vehículos municipales respondía a solicitudes de la Asamblea del Agua y reafirmaron su compromiso con el uso responsable del recurso hídrico.
El debate político se profundizó por la división interna en el PJ, con legisladores que votaron a favor y en contra del proyecto, y por la discusión sobre la reforma de la ley de glaciares a nivel nacional. Mientras tanto, la UGA realizó su primera reunión formal, con la participación de más de 20 organismos públicos, universidades y entidades técnicas, en un intento de fortalecer el control y la transparencia en la nueva etapa minera.
El avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino se da en un contexto de precios internacionales récord para el cobre y una creciente presión para diversificar la matriz productiva de Mendoza. Sin embargo, la fuerte resistencia social y las divisiones políticas anticipan que el conflicto por la minería y la defensa del agua continuará siendo un tema central en la agenda provincial.
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