El Gobierno argentino anunció el lanzamiento de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, que implica la licitación pública nacional e internacional de dos nuevos tramos de rutas y autopistas nacionales. Más de 1.800 kilómetros, incluyendo el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur y el Tramo Pampa, pasarán a ser gestionados por operadores privados, en un proceso que busca modernizar la infraestructura vial y reducir el déficit fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó que el nuevo esquema reemplaza el modelo deficitario por uno "transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro", alentando la inversión privada y protegiendo los recursos públicos. El financiamiento para las empresas adjudicatarias será provisto por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que ofrece hasta 56.000 millones de pesos bajo esquemas fiduciarios y condiciones favorables de repago.

El anuncio se realizó tras una reunión entre el presidente Javier Milei y 20 gobernadores, donde la obra pública fue uno de los principales reclamos. El Gobierno, sin embargo, mantiene su compromiso de no afectar el superávit fiscal y evitar negociaciones de fondos improductivas con las provincias. La licitación contempla la participación ciudadana, con audiencias públicas previas que permitieron avanzar en el proceso.

La privatización de rutas se inscribe en un ciclo más amplio de venta de activos estatales, que incluye centrales hidroeléctricas, empresas de transporte y servicios públicos. El Ejecutivo espera recaudar hasta U$S 5.000 millones, destinados a afrontar vencimientos de deuda externa y fortalecer la caja fiscal. El modelo recuerda el esquema aplicado en los años 90, aunque el Gobierno asegura que se evitarán errores del pasado y se buscará maximizar el valor de los activos.

Las reacciones han sido diversas. Mientras el Gobierno destaca la eficiencia y el ahorro fiscal, usuarios y sectores sociales expresan preocupación por el deterioro de otras rutas y la falta de mantenimiento. En redes sociales, los reclamos por obras en distintas provincias se multiplican. Además, persisten disputas políticas internas y con el PRO sobre el control de áreas estratégicas de transporte, en un contexto de tensión por la integración del gabinete y la gestión de los negocios derivados de las privatizaciones.

El proceso de concesión de rutas nacionales marca un nuevo capítulo en la política de infraestructura argentina, con implicaciones para la gobernabilidad, la inversión privada y el futuro de la obra pública en el país.