La Justicia civil de Mar del Plata dictó una sentencia que obliga a tres empresas automotrices a indemnizar con más de 32 millones de pesos a una consumidora que adquirió un vehículo 0 km con fallas de fábrica. Según la resolución, la mujer compró el automóvil en agosto de 2018 y, al momento de la entrega, ya presentaba defectos estéticos y una falla en el motor. Durante el viaje de regreso a su ciudad, surgieron nuevas fallas, lo que obligó a la propietaria a ingresar el vehículo a un taller oficial a pocos días de haberlo recibido.

El auto permaneció inmovilizado durante 74 días, lo que generó gastos adicionales para la usuaria, quien debió utilizar servicios de taxi por más de un millón doscientos mil pesos para poder asistir a su trabajo. Ante la falta de respuestas claras y la demora en la reparación, la consumidora inició gestiones legales, incluyendo cartas documento, denuncias administrativas y una mediación que no resolvió el conflicto.

El juzgado analizó pruebas documentales, pericias técnicas y testimonios, concluyendo que el vehículo tenía una falla grave en el sistema de combustión y vicios en componentes electrónicos centrales. La jueza consideró que la gestión de la garantía por parte de las empresas fue deficitaria, tanto en plazos como en información, y que la red de proveedoras actuó como un bloque funcional, por lo que la responsabilidad fue solidaria.

La sentencia reconoció un daño moral de siete millones de pesos, al constatar que la situación afectó la tranquilidad y el proyecto de vida de la compradora. Además, se impuso una multa por daño punitivo de 24,4 millones de pesos, equivalente a 20 canastas básicas totales, considerando que las empresas trasladaron los costos de la falla a la consumidora.

El tribunal desestimó el reclamo por defectos de chapa y pintura por falta de pruebas concluyentes. La jueza fundamentó su decisión en las normas de defensa del consumidor y en la protección frente a la asimetría informativa y técnica. El fallo también rechazó el argumento de las empresas que atribuía la demora a la falta de cooperación de la usuaria, señalando que no existía constancia de que el auto estuviera disponible antes de la fecha acreditada.

El beneficio de justicia gratuita fue admitido para la consumidora, y las costas del juicio fueron impuestas a las demandadas. La sentencia ordenó notificar a organismos de defensa del consumidor y a la Inspección General de Justicia, además de la publicación del fallo en un diario local, con el objetivo de prevenir infracciones similares en el futuro. El caso sienta un precedente sobre la importancia de la protección al consumidor y la responsabilidad de las empresas en la cadena de comercialización de vehículos nuevos.