El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Martín fijó para septiembre de 2026 el inicio del juicio oral por el asesinato de Sebastián Ochoa, un joven de 26 años que fue baleado durante un robo de moto en la localidad bonaerense de José C. Paz. El hecho, ocurrido el 19 de enero de 2024, conmocionó a la comunidad local y puso en evidencia la problemática de la inseguridad en la zona.

Ochoa, quien trabajaba en una estación de servicio y estaba a punto de convertirse en padre, fue interceptado por cuatro motochorros cuando regresaba a su casa tras finalizar su turno laboral. Según la investigación, la víctima no se resistió al asalto y entregó su moto, pero uno de los delincuentes le disparó a quemarropa, causándole la muerte. "No se resistió y lo mataron igual", relató su pareja, Daniela, a medios locales.

Por el crimen, Hernán Ariel Bonda y Elías Santiago Fernández enfrentarán cargos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio calificado, delitos que contemplan la pena de prisión perpetua. Ambos llegarán al debate detenidos. Un tercer imputado, Juan Eduardo Saavedra, será juzgado por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de uso civil, tras hallarse armas en su domicilio durante un allanamiento.

La investigación determinó que al menos cuatro personas participaron en el ataque, aunque solo dos fueron detenidas como autores materiales. Los otros sospechosos no fueron capturados por falta de pruebas suficientes. El caso generó movilizaciones y reclamos de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos, quienes denunciaron reiterados hechos delictivos en la zona. "Todos los vecinos vivieron hechos delictivos. Es muy jodido el lugar", expresó la pareja de la víctima.

El juicio oral y público se desarrollará los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2026. La resolución fue firmada por el juez Gustavo Alfredo Varvello, quien dispuso que el proceso se lleve a cabo en los tribunales de San Martín. El caso de Sebastián Ochoa se suma a una serie de episodios de inseguridad que afectan a la región y reaviva el debate sobre la respuesta judicial y policial ante estos delitos.