La comunidad educativa de Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires, se encuentra conmocionada tras la denuncia contra una madre acusada de apropiarse de $1.500.000 que las familias habían recaudado para la compra de camperas de egresados en el Jardín de Infantes N° 902 Berta Lasalle. El hecho salió a la luz cuando, al acercarse la fecha de entrega de las prendas, comenzaron a surgir inconsistencias en las explicaciones sobre el pago a la empresa encargada de la confección.

Según relataron los padres, la mujer se ofreció voluntariamente para centralizar el cobro de las cuotas que cada familia debía aportar. Sin embargo, cuando llegó el momento de abonar la última cuota, la acusada argumentó que su celular había sido hackeado, lo que le impedía completar la transferencia. La falta de respuestas y la imposibilidad de obtener comprobantes claros incrementaron la preocupación entre los afectados.

Ante la incertidumbre, los padres decidieron comunicarse directamente con la empresa y descubrieron que solo se había abonado una seña inicial de $45.000, mientras que el resto del dinero nunca fue transferido. La situación se agravó cuando la mujer presentó comprobantes de pago que, según los testimonios, presentaban irregularidades evidentes, como datos inconsistentes y la ausencia de marcas de agua habituales.

Finalmente, y tras ser confrontada en su domicilio por varios padres, la mujer reconoció haber gastado el dinero recaudado. Actualmente, solo 19 camperas están en proceso de confección y otras cinco ni siquiera fueron incluidas en el pedido por falta de pago. Las familias, además de enfrentar una dificultad económica considerable, remarcaron el impacto emocional del episodio en los niños.

El caso fue denunciado ante la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que investiga si existió una maniobra fraudulenta. Este episodio recuerda a un antecedente reciente en Misiones, donde una madre fue denunciada por apropiarse de fondos destinados a una fiesta de egresados. La situación pone en debate la necesidad de mayores controles en la administración de fondos por parte de padres voluntarios en instituciones educativas.