Una boda de alto perfil celebrada en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, Salta, ha desatado una fuerte polémica nacional por la presunta falsificación de permisos y el posible daño ambiental en un área protegida. El evento, conocido como “Cafayate Fantasy”, reunió a más de un centenar de invitados en un entorno natural de gran valor ecológico, protegido por la Ley Provincial 6806.

La celebración, que se extendió durante cuatro días, fue organizada por Nicole Pocoví y Federico Maran, quienes planificaron el evento en secreto y revelaron la ubicación exacta a los asistentes solo al momento de su traslado. La fiesta incluyó carpas, DJ, luces LED, proyecciones sobre las formaciones rocosas y una ambientación de lujo, lo que generó un fuerte impacto en redes sociales y la atención de las autoridades.

La controversia surgió cuando los organizadores presentaron un permiso que, según el gobierno salteño, contenía la firma falsificada del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal. “No autoricé nada, ese documento es falso”, declaró el funcionario, quien además señaló que el papel carecía de los requisitos formales y presentaba una firma pegada digitalmente. Ante esta situación, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, radicó una denuncia y la Fiscalía Penal local inició una investigación por presunta falsificación de instrumento público.

El subsecretario de Política Ambiental de Salta, Normando Zuñiga, advirtió que el volumen de la música y las luces utilizadas en la fiesta habrían causado un impacto negativo en la fauna y flora del lugar, además de acelerar la erosión de las formaciones geológicas. El gobierno provincial evalúa la aplicación de una multa millonaria, que podría alcanzar el equivalente a 200.000 litros de nafta, según la ley vigente.

Por su parte, Lucía Grajales Soriano, organizadora y propietaria de una vivienda en la reserva, defendió la legalidad del evento y aseguró que se respetaron todas las normativas. Sin embargo, las autoridades insisten en que no se tramitó la habilitación correspondiente y que la preservación del área protegida es prioritaria.

El caso ha reavivado el debate sobre el uso de espacios naturales para eventos privados y la necesidad de reforzar los controles para evitar daños ambientales irreparables. La investigación judicial continúa y se espera que en los próximos días se determinen las responsabilidades y posibles sanciones.