La desaparición de una adolescente de 13 años en la localidad chaqueña de Presidencia de la Plaza generó una intensa movilización policial y comunitaria, culminando con su hallazgo sana y salva tras cuatro días de búsqueda. El caso, que inicialmente fue caratulado como "búsqueda de paradero", dio un giro inesperado cuando la investigación judicial reveló indicios de explotación sexual y posible trata de personas.

La menor había salido de su domicilio el miércoles 20 de agosto y, al no regresar, su padre radicó la denuncia en la comisaría local. A partir de ese momento, la Policía del Chaco desplegó operativos de rastreo, entrevistas a vecinos y análisis de cámaras de seguridad, con la colaboración de organismos especializados. La pista clave surgió de un video viralizado en redes sociales, donde se veía a la adolescente junto a un joven mayor de edad, identificado posteriormente como R.A.S., de 19 años, quien fue detenido.

La investigación, encabezada por la fiscal Candela Valdez, avanzó rápidamente y permitió reunir pruebas que vinculan a la tutora legal de la menor, una mujer de 42 años, con la facilitación de encuentros sexuales a cambio de dinero y regalos. "Mediante el teléfono celular se pudo establecer que facilitaba la prostitución", precisaron fuentes policiales. La jueza de Garantías N° 2, Liliana Puppo, autorizó allanamientos en la vivienda de la tutora, donde se secuestraron elementos de interés para la causa.

Testimonios de vecinos y otros allegados complicaron aún más la situación de la mujer, quien quedó formalmente detenida bajo la imputación de "supuesta promoción y/o facilitación de la prostitución". El procurador general Jorge Canteros confirmó que se analizan conexiones con posibles delitos de trata de personas, advirtiendo que los indicios superan el marco de un caso aislado de corrupción de menores.

Mientras la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas imputaciones, la víctima permanece bajo asistencia médica, acompañamiento psicológico y contención social. Las autoridades enfatizan la importancia de garantizar la protección integral de la menor y de avanzar en la identificación de eventuales responsables que podrían integrar una red más amplia de explotación sexual. El caso continúa bajo secreto de sumario y mantiene en vilo a la comunidad chaqueña, que exige justicia y medidas de prevención para evitar hechos similares en el futuro.