Carlos Presti, teniente general en actividad, será el próximo ministro de Defensa de Argentina, en una decisión que ha generado un fuerte debate político e institucional. Su designación, confirmada para después del 10 de diciembre, marca un quiebre con la tradición democrática establecida desde 1983, que reservaba el cargo para civiles o militares retirados.

El gobierno de Javier Milei defendió la medida como una reivindicación de las Fuerzas Armadas, argumentando que la ley permite que un militar en actividad asuma funciones públicas no electivas vinculadas al servicio. Un documento interno, al que accedieron medios como La Política Online, sostiene que el cargo de ministro de Defensa está directamente vinculado a la actividad militar y que no corresponde el pase a retiro o disponibilidad de Presti.

Sin embargo, la decisión ha generado tensiones dentro de las propias Fuerzas Armadas, donde algunos sectores consideran que la presencia de un militar en actividad en el gabinete puede politizar la institución y prefieren que el cargo sea ocupado por un retirado. "Ahora cualquier decreto que firme Presti politizará a las fuerzas armadas", advirtió un oficial consultado por LPO.

El contexto de la designación es complejo: las Fuerzas Armadas atraviesan una crisis interna, con más de 20.000 bajas desde diciembre de 2023, salarios por debajo de la línea de pobreza y problemas en la obra social militar IOSFA. La gestión saliente de Luis Petri deja además desafíos financieros y de gestión pendientes.

La figura de Presti también es objeto de controversia por su vínculo familiar: su padre, Carlos Roque Presti, fue denunciado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, lo que ha reavivado el debate sobre la memoria histórica y el rol de los militares en la vida política argentina. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado su preocupación por lo que consideran un retroceso en los consensos democráticos alcanzados tras el fin de la dictadura.

Desde el oficialismo y algunos medios, la designación es presentada como un "hito histórico" y un paso hacia la normalización del rol de las Fuerzas Armadas en la vida pública. Sin embargo, sectores de la izquierda y organismos de derechos humanos advierten sobre el riesgo de una "relegitimación" del partido militar y la posible erosión de los límites entre la política y la institución castrense.

El debate sobre la designación de Presti se inscribe en un momento de reacomodamiento político y social en Argentina, y plantea interrogantes sobre el futuro de la relación entre el poder civil y militar en el país.