El Gobierno argentino derogó el régimen de calificación cinematográfica vigente desde 1984, eliminando la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas y modificando el rol del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La medida, oficializada mediante el Decreto 50/2026 firmado por el presidente Javier Milei y publicada el 26 de enero, establece que el INCAA homologará automáticamente las calificaciones de películas extranjeras emitidas por organismos públicos o privados reconocidos en su país de origen.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comunicó el cambio citando la película "Cinema Paradiso" y argumentó que la decisión responde a la necesidad de modernizar el sistema, reducir la intervención estatal y promover la libertad individual. "Los liberales creemos en algo supremo: la libertad del hombre para vivir, prosperar, ver y discutir en libertad sin que el Estado se meta a decirle que puede hacer o ver", expresó Sturzenegger en redes sociales.

El nuevo régimen contempla categorías de audiencia general, supervisión parental sugerida, restricciones para menores de 13 y 17 años, y exhibición condicionada solo para mayores de 18. Los productores podrán determinar la calificación de sus películas, y el Estado solo intervendrá si existen reclamos formales sobre la adecuación de la clasificación.

La delegada general de ATE-INCAA, Ingrid Urrutia, cuestionó la medida, calificándola de "retroceso en soberanía cultural" y "ilegal". Urrutia señaló que el sistema anterior garantizaba una mirada integral sobre los contenidos y la protección de derechos, con representación de organismos públicos como Educación, Justicia y Desarrollo Social. "Lo que está haciendo el gobierno es resignar esa potestad y convertir al INCAA en un homologador de calificaciones del extranjero o de las propias exhibidoras y productoras", afirmó.

El debate sobre el nuevo sistema refleja posturas encontradas: mientras el gobierno sostiene que la medida agiliza y moderniza el sector audiovisual, sectores gremiales advierten sobre la pérdida de soberanía cultural y la posible restricción del acceso del público a películas según criterios extranjeros. El cambio se enmarca en un contexto de reformas más amplias impulsadas por el gobierno nacional, que incluyen modificaciones en el financiamiento de la cultura y la reforma laboral.

La homologación de calificaciones extranjeras plantea interrogantes sobre la diversidad cultural y el rol del Estado en la regulación y promoción del cine nacional. El INCAA mantiene la facultad de revisar y modificar calificaciones si existen reclamos formales, pero la responsabilidad principal recae ahora en productores y familias, marcando un giro significativo en la política cultural argentina.