Un grave episodio de violencia escolar sacudió al Instituto San Buenaventura de Río Cuarto el pasado miércoles, cuando un alumno de sexto año arrojó agua caliente sobre un preceptor, provocándole quemaduras en la espalda y el cuello. La agresión generó una fuerte polémica entre padres, docentes y estudiantes, quienes cuestionan la respuesta institucional ante el hecho.

La sanción impuesta al estudiante, consistente en tres días de suspensión y el cambio de división, fue considerada insuficiente por gran parte de la comunidad educativa. El preceptor agredido no ha regresado a su puesto de trabajo y se encuentra bajo tratamiento psicológico debido al impacto emocional sufrido. "Este hecho no puede pasar por alto", expresaron los alumnos en una nota de apoyo, mientras que padres y docentes manifestaron su preocupación y pidieron medidas disciplinarias más severas.

En las rejas del colegio, alumnos y familias colocaron carteles en respaldo al preceptor y en reclamo de justicia. "Un preceptor con valores merece respeto y justicia. Tu compromiso y dedicación merecen justicia", se leía en uno de los mensajes. La dirección del San Buenaventura emitió un comunicado oficial confirmando el episodio y asegurando que la situación fue atendida y contenida institucionalmente. Además, invocó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para resguardar la identidad de los involucrados, recordando la prohibición de difundir datos o imágenes que puedan afectar su dignidad.

Fuentes cercanas a la familia del alumno sostienen que la relación entre el estudiante y el preceptor era buena y que el hecho habría ocurrido "a modo de broma", aunque terminó con consecuencias graves. El gremio Sadop, por su parte, expresó que la violencia no debe tener lugar en las escuelas y remarcó que, aunque estos hechos no son habituales, se registran con mayor frecuencia.

La comunidad educativa atraviesa el episodio con dolor y profesionalidad, mientras las actividades escolares continúan con normalidad. El caso reabre el debate sobre la violencia en las instituciones educativas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y contención. El preceptor evalúa realizar una denuncia policial, y la escuela continúa trabajando con las partes involucradas para garantizar el bienestar de todos sus integrantes.