El histórico boliche Pinar de Rocha, ubicado en el partido de Morón, fue desalojado y clausurado este martes por la mañana tras una orden judicial emitida por el Juzgado Civil y Comercial de Morón. El operativo, que incluyó la participación de la Policía Bonaerense y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), sorprendió a más de un centenar de personas que se encontraban celebrando una fiesta en el interior del local.

La medida fue dispuesta por la jueza María Victoria Aloé, quien argumentó que el desalojo se realizó debido a una deuda en el pago de alquileres por parte de Daniel Bellini, histórico responsable del boliche. Según fuentes judiciales, la disputa por la propiedad se intensificó tras el fallecimiento de la anterior dueña, quien habría dejado el bien a una tercera persona, generando controversias legales sobre la titularidad del predio.

Durante el procedimiento, Bellini y los trabajadores del lugar intentaron resistirse a abandonar el local, aunque finalmente debieron acatar la orden judicial. "La realidad es que hay un juicio desde el tiempo de la pandemia. Nosotros estamos intentando resolverlo, en este momento no debería estar ocurriendo esto, porque las resoluciones que hay todavía están en situación de espera", declaró Bellini a medios locales. El empresario también señaló que la pandemia dificultó el pago regular de los alquileres y acusó a la nueva propietaria de buscar aprovechar la situación para desarrollar un emprendimiento inmobiliario en el terreno.

Bellini manifestó su disposición a comprar el inmueble, aunque consideró que el precio solicitado, de 10 millones de dólares, es excesivo y no corresponde al valor real del predio. "El predio, la tierra, no vale más de cuatro millones. Quisieron sacar ventaja de mi situación, y ahí fue donde empezó el juicio", afirmó.

Pinar de Rocha, con más de cinco décadas de historia, es considerado un ícono de la vida nocturna del oeste del conurbano bonaerense. Su posible cierre definitivo genera preocupación entre trabajadores, habitués y la comunidad local, que ven en riesgo la continuidad de un espacio emblemático. Por su parte, la jueza y la propietaria sostienen que la medida responde estrictamente a incumplimientos contractuales y a la necesidad de regularizar la situación del inmueble. El futuro del predio permanece incierto, mientras el conflicto judicial sigue su curso y se evalúan posibles desarrollos inmobiliarios en el lugar.